Julio De Vido pidió que sea declarada inconstitucional la ley del arrepentido

Disparar al corazón de la causa de los cuadernos: la figura del arrepentido. Esa se convirtió en la estrategia de los principales acusados del expediente que nació por las anotaciones del chofer Oscar Centeno y que creció exponencialmente cuando, en un efecto dominó, un torbellino de acusados comenzó a contar, bajo la figura de imputado-colaborador, cómo habían entregado o recibido dinero por negocios vinculados al Ministerio de Planificación.

Primero fueron los empresarios, que dijeron sentirse extorsionados; después se sumaron los ex funcionarios que también se justificaron. Ya hay una veintena de «arrepentidos» y el financista Ernesto Clarens que espera el aval del juez Claudio Bonadio, después de volver a convencer ayer, lunes, al fiscal Carlos Stornelli.

Pero fue precisamente Julio De Vido, el hombre que estuvo al frente del Ministerio de Planificación y que hoy está preso en la cárcel de Marcos Paz, el que presentó el primer pedido de inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, prevista en el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación, tal como está siendo aplicada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

En la presentación de De Vido a la que accedió Infobae, el ex ministro sostiene que la figura ha sido utilizada como «una herramienta cuasi-extorsiva», sin haberse corroborado la veracidad de lo que los «arrepentidos» dicen.

Según De Vido, «colocar sobre el imputado la obligación de contribuir con la administración de justicia aún a costa de sí mismo supone degradarlo a la condición de mero objeto y, por ende, constituye una violación directa del principio de dignidad humana y afecta la propia esencia de su personalidad».

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de De Vido, advirtieron además que «es innegable» que en la causa de los cuadernos «se ha negociado o intercambiado la permanencia de libertad de varios imputados en tanto aquellos aportase ‘información relevante’ a Vuestra Señoría y las imputaciones esgrimidas contra nuestro asistido reconocen origen precisamente en aquellas ‘informaciones’ que han sido brindadas en un contexto en donde sus co-imputados se han visto presionados a reconocer hechos que seguramente no habrían reconocido (si es que llegaran a ser reales) si no hubiese sido por la amenaza latente acerca de la prórroga de su detención».

Aunque De Vido es el primero que plantea el tema en términos de inconstitucionalidad, no fue el único de los acusados que cuestionó la metodología. Ayer, la ex presidenta Cristina Kirchner dijo en su indagatoria que «quienes confiesan supuestos delitos que habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos. Dentro del capítulo de los ‘liberados’, aparentemente merecen un premio mayor quienes de cualquier manera puedan atribuirme algo que se parezca a un delito. En definitiva ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto«.

Lo que no se sabía era que uno de los ex funcionarios presos por la causa de los cuadernos no solo no se arrepintió, como hicieron otros ex funcionarios y empresarios, sino que denunció que lo presionaron para que se acogiera a la figura de «imputado-colaborador». La aseveración la hizo el abogado Rafael Llorens, arquitecto jurídico del Ministerio de Planificación, preso desde el 1 de agosto y acusado, como el resto, de haber formado una banda que comandaban Néstor y Cristina.

«No puedo arrepentirme de absolutamente nada de lo que no formé parte», afirmó Llorens en la declaración indagatoria del viernes, a la que accedió Infobae.

Fue así que Llorens reportó ante Bonadio lo que, a su entender, son presiones para convertirlo en «imputado-colaborador». «Estoy detenido sin que se resuelva mi situación procesal en la presente causa, lo que aunado a la forma en que se llevan adelante los traslados innecesarias desde el penal para notificarme de la denegatoria de la excarcelación –disparó-. Parece que fueran hechos al solo efecto de que el fiscal me insinúe si me quiero acoger a los beneficios del imputado colaborador y sin que estuvieran presentes mis abogados defensores».

Incluso, expresó, la imposibilidad de hablar con los ex funcionarios también presos en esta causa, «en momentos en que está levantada la incomunicación, me hacen sentir que el único objeto de mantenerme detenido en esta causa sea la de acogerme al beneficio» de la ley 27.304. También reclamó que a partir de ahora las notificaciones judiciales se hagan por cédula electrónica o en su unidad de detención, para evitar «traslados innecesarios».

La defensa de Llorens pidió además que rápidamente se defina su situación procesal y que si lo procesan lo hagan sin prisión preventiva porque –dijo- no hay ninguna justificación para tenerlo tras las rejas. «Que se obligue a una persona a confesar, pasando electricidad por su cuerpo, sumergiendo su cabeza en un cubo con agua para que no pueda respirar, pegándole golpes de puño, o mandándolo a prisión hasta que se quiebre, es exactamente lo mismo. Si eso es lo que permite la ley 27.304, ella es inconstitucional, y si ese es el motivo por el cual algunas personas permanecen presas y otras se van en libertad, la privación de libertad también lo es y debe ser dejada inmediatamente sin efecto», agregó en un escrito el abogado de Llorens, Mariano Silvestroni.

Convertida en ley desde el 2016 para aplicarla en casos de corrupción, la figura del arrepentido quedó ahora en el centro del debate. La suerte del monotribustista Alejandro Vandebroele en el juicio Ciccone fue el primer ensayo, pero el escándalo de los cuadernos la está poniendo a prueba.