Por debajo de los radares, un potencial conflicto de gravedad institucional se cuece en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Sebastián Casanello pidió, como víctima, que se ordene la indagatoria de un exfuncionario de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo acusó de inventar testigos en su contra para forzar su apartamiento de la pesquisa sobre Lázaro Báez y la llamada «ruta del dinero K» o, incluso, provocar su remoción como magistrado.
Casanello presentó su pedido contra Eduardo Miragaya, un fiscal que con el gobierno de Cambiemos pasó a revistar en las filas de la AFI junto a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Pero también cargó contra un abogado de los hijos de Báez, Santiago Viola, al que le adjudicó un rol como presunto instigador en la movida con la que intentaron desplazarlo.
El pedido de Casanello quedó en manos del fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Luis Rodríguez dentro del expediente que ya incluye a dos testigos falsos que afirmaron haber visto a Casanello en la quinta de Olivos para mantener supuestas reuniones con la entonces presidenta Cristina Kirchner
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Esos dos falsos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino , afrontan ahora un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 por falso testimonio -es decir, mentir ante la Justicia-, pero Casanello reclamó que la pesquisa llegue más lejos y avance sobre sus presuntos instigadores.
Tanto Casanello como la expresidenta negaron siempre siquiera conocerse. A tal punto que cuando la ahora senadora debió presentarse en su juzgado a declarar como acusada lo saludó con una frase fuera de protocolo: «Al fin nos conocemos».
¿Quiénes son los supuestos testigos que afrontan ahora un juicio oral? Corizzo es un militante kirchnerista que fue empleado de la Anses, mientras que Scozzino se desempeñaba como chofer de la Presidencia. Ambos declararon, bajo juramento, que vieron a Casanello en una sala de espera de la quinta de Olivos en septiembre de 2015.
Sin embargo, ambos mintieron, según corroboraron el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli, quienes verificaron que ninguno de los tres -es decir, ni Corizzo ni Scozzino y tampoco Casanello- estuvo ese día en la quinta de Olivos.
No solo eso. Un peritaje policial detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola, con un pico en los días claves; mientras que uno de ellos, Corizzo, admitió ante el fiscal Stornelli que antes de declarar ante la Justicia se había reunido con Viola y con un «fiscal» cuya descripción física se acerca a la de Miragaya.
Lejos de confirmar sus testimonios y reafirmar su inocencia, además, tanto Corizzo como Scozzino optaron por no defenderse en la instancia oral. Por el contrario, pidieron una probation para evitar una condena que podría llegar hasta los 10 años de prisión.
¿A quiénes acusa Casanello de preparar testigos falsos en su contra? Por un lado, a Santiago Viola, quien intervino junto a su madre, Claudia Balbín, como letrado de los hijos de Báez y rechazó esa acusación. «Es algo totalmente descabellado, sin sustento jurídico ni fáctico, que está tirado de los pelos y de lo cual ni siquiera me notificaron aún», replicó el letrado ante la consulta de LA NACION .
Por su parte, Miragaya es un fiscal federal que acumuló turbulencias a lo largo de su carrera. Afrontó una denuncia por su crecimiento patrimonial, como también por su actuación ante una red de jubilaciones «truchas», en particular en La Rioja, vinculadas al menemismo, para el que a su vez actuó como operador judicial.
LA NACION intentó contactar a Miragaya desde el jueves, pero el funcionario judicial no respondió las llamadas.
De fiscal a la AFI
Ya durante el kirchnerismo Miragaya recurrió a múltiples y sucesivas licencias médicas extraordinarias para resguardarse, pero con el triunfo de Cambiemos pasó a revistar en las filas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que, con Arribas y Majdalani, asumió como director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera, aunque en la práctica buscó desempeñarse como uno de los interlocutores del nuevo gobierno con los tribunales de Comodoro Py, con el apoyo de la jueza federal María Romilda Servini.
Desde entonces, Miragaya acumuló nuevas turbulencias. Entre otras, como jefe directo de una exespía de la AFI que acompañó a Natacha Jaitt en su recorrida por los medios para acusar de supuestos vínculos con una red de pedofilia a diversos periodistas y otras personalidades.
Ahora, Casanello lo acusa de instigar a testigos falsos y de violar la ley de inteligencia nacional.
fuente LA NACION