Evitar que la «tormenta perfecta» que combinó el tembladeral financiero y los cuadernos de la corrupción se lleve puestas a varias de las principales empresas del país. Frenar el deterioro de su cotización internacional. Y permitirles que puedan seguir siendo contratistas del Estado para mantener en marcha la obra pública, aun cuando algunos de sus exfuncionarios estén involucrados por coimas u otros hechos delictivos .
Con esos objetivos en mente, el Gobierno publica hoy en el Boletín Oficial una resolución que contiene «lineamientos y guías» para que las empresas puedan cumplir con los «programas de integridad» anticorrupción que exige la ley de responsabilidad penal empresaria, que entró en vigor en marzo de este año. Si bien se trata de «recomendaciones» de procedimientos y no de un imperativo obligatorio, la «guía técnica» les servirá a las empresas como herramienta de defensa en casos de corrupción para avanzar en la obra pública .
La implementación de las guías evitará que el Gobierno deba excluir a las empresas cuestionadas del Registro Nacional de Constructores, con el consecuente freno de las obras y la pérdida eventual de fuentes de empleo.
Los lineamientos de ese programa de «integridad» contra la corrupción están inspirados en legislación vigente en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil. El primero de los ejes -tal vez uno de los más importante- obliga a los dueños de las empresas de «alto nivel», según el texto, a manifestar su apoyo al programa de transparencia interna, que incluye un código de ética con los lineamientos que deben seguir los empleados de una organización.
La creación de «canales internos de denuncia» permitiría que empleados u allegados puedan denunciar violaciones a ese código de ética, sobre todo en lo que hace a «actos ilegales». La protección de esos denunciantes y la instauración de mecanismos de «investigación interna» de sus denuncias estarían a cargo de un «responsable interno» (externo o interno), similar a la figura del «monitor» que establece la legislación norteamericana, y que debería tener «autoridad, autonomía y recursos», según contaron a este diario responsables de la resolución, que fue diseñada en la Oficina Anticorrupción, que encabeza Laura Alonso por orden del Poder Ejecutivo.
En la resolución, que contiene un anexo de 70 páginas, se especifica además un cuestionario interno para que las empresas corroboren que el programa se está cumpliendo. «¿Existe una declaración pública formal del directorio y la alta gerencia de tolerancia cero a la corrupción?», es una de las principales preguntas que cada conglomerado empresario deberá responderse. Los programas se hacen «a medida» de cada empresa, en relación con su dimensión, su capacidad económica y su riesgo (las constructoras y energéticas, por ejemplo, son consideradas de «alto riesgo» por su grado de interrelación con el Estado).
El mensaje a los empresarios
Desde la OA aseguran que la ley aprobada en marzo y la resolución publicada hoy vienen a reparar un notorio atraso del país en el cumplimiento de la normativa internacional anticorrupción en materia empresaria. En 2001, la OCDE establece la Convención Contra el Soborno Transnacional, y la Argentina era la única de un total de 43 países que durante todos estos años no preveía en su legislación sanciones para empresas y fundaciones que incurrieran en prácticas corruptas. «Había mucha resistencia en el empresariado nacional a aprobar la ley; si se logró, fue por presión internacional», afirmaron desde el Gobierno.
Para Alonso, «los empresarios deberían entender que el principal valor de sus compañías es su reputación, no el dinero que tienen en el banco. Hay una tarea de reeducación empresaria importante: a muchos hombres de empresa les cuesta comprender que estas son las reglas y los estándares que impone el mundo», afirmó la titular de la OA a LA NACION .
A pesar de no ser obligatorios, la conveniencia de cumplir con los lineamientos de la ley de responsabilidad penal empresaria es, para Alonso, uno de los «incentivos» para cumplir con el programa. «Si como empresario no querés que un fiscal o un arrepentido te denuncie el día de mañana, sería conveniente adoptar una política de prevención anticorrupción dentro de tu propia empresa», se explayó Alonso. En el Gobierno recuerdan que las 19 empresas argentinas que cotizan en la bolsa perdieron valor desde que estalló el escándalo de los cuadernos , en porcentajes que en algunos casos superaron el 20 por ciento.
Indagan mañana a Paolo Rocca
El juez Claudio Bonadio adelantó la indagatoria de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, que se realizará mañana en los tribunales de Comodoro Py. El empresario más importante del país estaba citado originalmente para el 17 de octubre en la causa conocida como los cuadernos de la coimas, después de haber admitido que su empresa pagó sobornos.
fuente LA NACION
