El secretario de Energía, Javier Iguacel , quedó imputado en una causa penal en la que se investiga si cometió delitos al dictar una resolución que dispone pagar a las empresas distribuidoras de gas una compensación tarifaria por el aumento del dólar.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Iguacel por la resolución que obligaba a los usuarios de gas a pagar ese adicional por la devaluación y pidió a la jueza que «en forma urgente» dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación.
No obstante, el Gobierno ya anunció que no iba a trasladar ese gasto a los consumidores, sino que el dinero lo iba a poner el Estado junto con las empresas que reducirían sus pretensiones. El Gobierno dijo que corresponde pagar esa compensación porque así lo establece una ley de 1992. Pero ante la protesta generalizada de los usuarios, de la oposición y de los socios del radicalismo, dio marcha atrás con la medida para que los usuarios paguen el adicional en cuotas, y resolvió que pague el Estado.
Paloma Ochoa, que llegó a fiscal de la mano de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, impulsó la denuncia que de oficio hizo el fiscal Guillermo Marijuan. Ochoa recogió la calificación que había hecho su colega: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años. La jueza de la causa es María Servini, quien delegó la investigación en Ochoa.
Ochoa dijo que la resolución «pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina», y sostuvo que esta decisión «excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico-penalmente relevante».
fuente LA NACION