El financiamiento electoral que habrían manejado La Cámpora y el Frente para la Victoria (FPV) durante las elecciones de 2011, 2013 y 2015 será investigado por el juez Sergio Torres. Esta nueva causa es un desprendimiento de los cuadernos de las coimas, un expediente que instruyó el juez Claudio Bonadio .
Tres días después de haber indagado a Máximo Kirchner , el magistrado se desprendió el viernes pasado de esta nueva parte del expediente, al entender que los integrantes de La Cámpora no formaron parte del hecho que investiga dentro de los cuadernos de las coimas .
El caso, entonces, fue a sorteo y le tocó al juez Torres. Bonadio había entendido que Máximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora financiaron sus actividades políticas y electorales con dinero de origen ilegal, recaudado con el mecanismo de sobornos que montó el Ministerio de Planificación Federal y que quedó registrado en las anotaciones del chofer Oscar Centeno .
Esa misma razón había utilizado para acusar a otros integrantes de La Cámpora, como el diputado Andrés Larroque, el diputado Eduardo «Wado» De Pedro, el legislador bonaerense José Ottavis y el exsecretario de Justicia Julián Álvarez. También incluyó en ese grupo al empresario de medios Sergio Szpolski.
La única mención a Máximo Kirchner que aparecía en el expediente salió de boca del exfuncionario José López, quien durante su confesión señaló que, con parte del dinero reunido de los sobornos, se financiaba a La Cámpora y mencionó a De Pedro como supuesto interlocutor habitual de los recaudadores de Planificación.
El exsecretario de Obras Públicas también relató que Larroque le había solicitado fondos y mencionó a los demás dirigentes, con Máximo a la cabeza. «Máximo lideraba todo, pero estaba mucho en Santa Cruz, venía esporádicamente a Capital. Ottavis viajaba a verlo a Santa Cruz. Máximo estaba al tanto de todo el funcionamiento de La Cámpora y hablaba diariamente varias veces con su madre por este tema», declaró López.
Otros miembros de La Cámpora, en cambio, fueron mencionados por Martín Larraburu, exsecretario privado del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Cuando las autoridades allanaron el domicilio de Larraburu encontraron un pendrive con información detallada sobre ingresos y gastos de la campaña legislativa de 2013. Larraburu tenía anotaciones en ese archivo digital que comprometerían a distintos miembros de la agrupación juvenil y del FPV con supuestos fondos entregados para hacer campaña en 2013.
Frente al juez Bonadio, los integrantes de La Cámpora negaron delito alguno y rechazaron recibir pagos ilegales de parte de empresarios para financiar campañas electorales.
Señalaron al juez Bonadio por supuesta falta de imparcialidad y hasta lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura para apartarlo de la causa. Y acusaron al Gobierno por montar la investigación judicial por la que ya están procesados Cristina Kirchner, decenas de exfuncionarios y empresarios que hicieron negocios con el Estado durante el kirchnerismo.
fuente LA NACIÓN
