Caledonia Seguros, la compañía que tenía como socio a Alfredo Lijo, quedó involucrada en una investigación por lavado de dinero en la Justicia Federal. La empresa, que extendió cédulas azules para que el juez Ariel Lijo y el exfuncionario Marcelo Rochetti manejaran autos de lujo, es investigada como parte de una disputa familiar después de que el presidente de la compañía fuera denunciado por su exmujer por ocultar bienes millonarios.
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola está a cargo de una investigación integral sobre el patrimonio de Fernando Dapero, el presidente de Caledonia, uno de los socios que se quedaron con la firma en 2014 junto al hermano del juez Lijo. La Justicia investiga la compra de un departamento en Miami, inmuebles en Puerto Madero, cuentas en el exterior y autos de lujo, activos adquiridos -según la denuncia- mediante sociedades en paraísos fiscales.
La investigación, que se inició con una disputa marital, intenta determinar si Fernando Dapero y su hermano Luis incurrieron en los delitos de evasión por haber montado sociedades offshore para ocultar los bienes ante la AFIP. Y, además, si incurrieron en los delitos de lavado con posibles operaciones fraudulentas en la aseguradora La Federal, que ellos manejaron junto a Alfredo Lijo -según pudo reconstruir LA NACION – y que ahora está en proceso de liquidación.
El expediente ya cuenta con abundante documentación. Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) pidió investigar la denuncia de la exmujer de Dapero ante la sospecha de lavado de dinero y pidió, además, que sea analizada dentro de ese esquema una sociedad que Dapero compartió con Freddy Lijo, que lleva el nombre de ambos. También cuenta con una investigación de la Unidad de Información Financiera que permanece bajo secreto. La denunciante aportó decenas de correos electrónicos que intercambiaron los imputados en los que harían públicas maniobras de evasión impositiva.
Por último, la AFIP ya entregó documentación que da cuenta de posibles irregularidades. «De la simple lectura de la documentación aportada por la AFIP surge que los investigados no habrían declarado la existencia ni tampoco las ganancias obtenidas por los bienes inmuebles, cuentas bancarias y estructuras societarias en el exterior de las que los hermanos Dapero serían beneficiarios finales», informó la Procelac.
Fernando Dapero, que se desempeñó como síndico en el PAMI, cuenta con un antecedente en la Justicia Federal. Fue condenado a un año y ocho meses de prisión en suspenso por irregularidades durante la gestión del menemista Víctor Alderete en el organismo.
Dapero, Lijo, el exfuncionario Rochetti y Marcelo Chalabé desembarcaron en Caledonia allá por 2014, inmediatamente después de dejar La Federal. Los nuevos socios compraron el 20% de las acciones por poco menos de $2 millones de Caledeco SA, una sociedad que se quedó con el 99% de Caledonia. Se quedaron con «el casco» de una vieja compañía de seguros en desuso, pero con una licencia habilitada para explotar el negocio. Meses después, la compañía ya estaba en el mercado: montaron cinco oficinas en el conurbano, invirtieron en publicidad y compraron autos.
Veinte de esos autos suelen ser utilizados por los accionistas o sus familiares, tal como publicó este diario. El juez Lijo recibió el 1º de diciembre de 2015 una cédula azul para conducir un Mercedes-Benz E350 blanco. El magistrado compartió auto (patente PCF 473) con Freddy Lijo, operador judicial cuya fortuna creció llamativamente en los últimos años, mientras el poder de su hermano aumentaba en Comodoro Py.
Otro beneficiado fue Rochetti, mano derecha del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Caledonia le extendió al exfuncionario dos cédulas azules sobre el Porsche Carrera 4S, en 2015 y 2017. Fue la única persona habilitada para manejar ese auto. Desde la compañía, además, le hicieron nuevas cédulas para manejar otros dos vehículos.
Después de un crecimiento meteórico, Caledonia fue inhibida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero ahora atraviesa un período de normalización de su situación que le permite operar normalmente. La Justicia investiga ahora si la compra de esa aseguradora formó parte de una maniobra de lavado de dinero de los nuevos socios.
fuente LA NACION
