En la Casa Rosada, la gobernación bonaerense y la jefatura porteña coinciden: ya no hay «halcones» y «palomas» en la relación entre Cambiemos y las organizaciones sociales . «Frente a alguien que tira piedras o una bomba molotov no hay distintas opiniones», afirmó a LA NACION un ministro que dialoga con las organizaciones sociales y reporta al presidente Mauricio Macri .

Diluirles el poder de fuego, endurecer las penas a quienes participen de cortes e incidentes, y hasta amenazarlos con llevarlos a juicio forma parte del «combo de endurecimiento» en la relaciones con las organizaciones piqueteras. El giro en la estrategia coincidió con nuevas protestas callejeras contra la política económica protagonizada por el trío que componen Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa.

Dos ministros del Gobierno lo reconocieron la semana pasada. «Lo importante es separar el trabajo de asistencia y acompañamiento social directo de aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, de situaciones extorsivas, como cortes de calle, y ni qué hablar de las delictivas, como quienes arrojan piedras o generan instancias como las que vivimos en la Cámara de Diputados», afirmó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley .

Stanley, que solía diferenciarse de las posturas más extremas contra los movimientos sociales que encarna su par de Seguridad, Patricia Bullrich , hizo de esa manera uso de un lenguaje menos contemplativo con las organizaciones sociales, con las que solía tener buena sintonía hasta hace poco.

El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro reconoció: «Hay que buscar un equilibrio entre el derecho constitucional a expresarse y el de transitar libremente». En esos días, se conoció un proyecto de Pro en la Legislatura porteña para penar a los micros escolares que trasladen manifestantes y otro del gobierno bonaerense que modifica el Código de Faltas, y establece la potestad de arrestar de uno a 10 días a quien «obstruya la vía pública».

¿Hay una posición consensuada en este punto? «Se trabaja en conjunto para contener, porque en un momento como este de crisis no podés quitar planes o beneficios a quienes lo necesitan. Pero contra quienes usan a los pobres con fines políticos hay que ponerse más firmes», dicen en Cambiemos.

«El diálogo es la herramienta», dijo Stanley, quien recalcó además la «ayuda directa» que el Gobierno da a los más necesitados, ya bancarizados en la recepción de los más de 400.000 beneficios sociales.

Las organizaciones reconocen que el clima empeoró. «Hay un sector, representado por (Patricia) Bullrich, que está en clave electoral, y que obliga a Stanley a correrse hacia posiciones más duras», afirmó a LA NACION Daniel Menéndez, líder de la agrupación Barrios de Pie.

Menéndez se quejó de la detención de colectivos en la autopista Riccheri, en la manifestación del miércoles pasado que llegó al centro porteño. Cuestionó que esas iniciativas «rozan lo inconstitucional y que tienen como objetivo limitar y deslegitimar la protesta social».

Stanley no acuerda con la postura de Patricia Bullrich, quien el mes pasado se mostró en contra de «financiar» a las organizaciones piqueteras a través de los planes sociales. Pero Stanley pone sus condiciones. «Trabajamos desde el día uno para evitar a los intermediarios y que la plata llegue a la gente. Las organizaciones sociales están lejos de conducir todo el panorama social», afirmó una fuente cercana a la ministra de Salud y Desarrollo Social. Desde el Gobierno afirmaron que más allá del endurecimiento de penas no hay posibilidad cierta de frenar del todo a aquellos que «quieran generar conflicto, como organizaciones del kirchnerismo o la izquierda».

fuente LA NACION

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