Los tres ejes sobre los que avanzará el Consejo de la Magistratura en la investigación contra el juez Luis Rodríguez

Las denuncias contra el juez federal Luis Rodríguez ya suman ocho en el Consejo de la Magistratura. La última semana ingresaron otras tres y el organismo decidió acelerar la investigación sobre su posible mal desempeño, su patrimonio y la coima millonariaque, según tres arrepentidos de la causa de los cuadernos, habría cobrado el magistrado para favorecer en un expediente al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

La declaración como arrepentida de su viuda, Carolina Pochetti, puso a Rodríguez en el centro de la escena pública y activó los oscilantes tiempos del Consejo, encargado de designar y remover  a los magistrado nacionales y federales.

Pochetti declaró ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo que su marido le dijo, antes de morir en 2016, que le había pagado a Rodríguez 10 millones de dólares para frenar la investigación por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según confesó, Muñoz lo habría hecho a través de su entonces abogado Miguel Angel Pló, hoy también detenido en la causa de los cuadernos.

Pese a los reiterados pedidos de Stornelli -fiscal también en las causas contra el ya fallecido Muñoz-, Rodríguez no avanzó en medidas cautelares sobre el patrimonio del ex secretario privado del Kirchner, ni sobre la libertad de su viuda ni su entorno. Esto le valió que la Cámara Federal lo apartara del expediente en octubre pasado. La causa pasó a manos de Bonadio, que dispuso la detención de Pochetti, los testaferros de Muñoz y de los intermediarios en las operaciones de lavado de dinero en el exterior involucrados. Esas detenciones desencadenaron sus posteriores confesiones como arrepentidos.

La instrucción de la investigación en el Consejo a partir de esas cinco primeras denuncias contra Rodríguez quedó en manos de Diego Molea, miembro de la Comisión de Acusación y Disciplina, y uno de los nuevos integrantes del cuerpo que ingresó en representación de las universidades. Molea concentró las dos denuncias de la Coalición Cívica, las dos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y la de Ricardo Monner Sans. A estas cinco se sumaron la última semana otras tres, que ya fueron sorteadas, y recayeron en manos de distintos consejeros.

Para acelerar la investigación, Molea solicitó en la reunión de ayer de la Comisión de Disciplina y Acusación, poder pedir medidas sin tener que esperar que la reunión semanal o quincenal para aprobarlas. El presidente de la Comisión, Miguel Pichetto, estuvo de acuerdo.

Según puso saber Infobae, la investigación a Rodríguez se centrará en tres ejes, sobre los que se buscará avanzar en paralelo para ver si efectivamente pueden ser comprobados: el mal desempeño, el presunto cobro de una coima para favorecer a un imputado, y el enriquecimiento patrimonial.

La investigación patrimonial

Por mayoría, se acordó abrir el sobre lacrado que contiene las declaraciones juradas de Rodríguez y sus anexos reservados, el miércoles próximo a las 10 horas. Ayer mismo se lo notificó al magistrado y es muy factible que esté presente el abogado que ya designó, el penalista Oscar Vignale.

Luego que los consejeros de la Comisión accedan al contenido de sus declaraciones juradas -la reunión será a puertas cerradas- evaluarán si es necesario pedir, además, las declaraciones juradas de su mujer, Silvia Arcos Valcarcel. Actualmente secretaria letrada de la Corte, se desempeña en la Dirección General de Bibliotecas del Máximo Tribunal.

El Consejo analizará los anexos reservados de las declaraciones juradas desde que Rodríguez asumió como juez federal en 2012, para cruzar esos datos con otras medidas de prueba. «Vamos a constatar sus gastos y nivel de vida con su declaración», explicaron.

El organismo ya había pedido la semana pasada una serie de medidas para avanzar en la investigación patrimonial de Rodríguez. Entre ellas, el pedido al Banco Central sobre las cuentas bancarias y sus movimientos a nombre del magistrado, y las tarjetas de créditos y sus consumos. También pedidos al Registro de la Propiedad Inmueble y Automotor, para identificar los bienes a su nombre y de su mujer. Todavía esta información no llegó al Consejo.

La solicitud de colaboración a otros organismos incluye a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que informe si hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nombre de Rodríguez, así como la existencia de posibles cuentas en el exterior. Sin embargo, hay dudas sobre si el organismo conducido por Mariano Federici enviará esta información al Consejo sin una orden de un juez previa.

La información que sí llegó es la de Migraciones, con el detalle de las salidas al exterior del magistrado y su esposa. Según los datos a los que accedió Infobae, Rodríguez realizó 10 viajes al exterior en los últimos 5 años, a destinos como España, Italia, Francia, Estados Unidos, México, Perú, Chile y Brasil, la mayoría de ellos con su mujer. «En principio no se va nada anormal, pero vamos a analizar la información», señalaron en la Comisión.

Los consejeros son conscientes de que el patrimonio sea probablemente el aspecto menos cuestionable o irregular en una posible acusación contra Rodríguez,  considerado un juez «prolijo» en el ambiente judicial.

Para avanzar en la investigación, está previsto encargar un peritaje sobre su patrimonio, aunque todavía falta resolver quien lo llevará a cabo. Las opciones son: el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte -envuelto en una polémica porque la actual vicedecana fue involucrada por Manzanares en la manipulación de la pericia que permitió sobreseer a los Kirchner por enriquecimiento ilícito en 2009-, la Facultad de Ciencias Económicas, o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  «La idea es que el peritaje sea técnico y no cuestionable», sostuvo Molea.

El presunto cohecho

Al pedido a Bonadio de la declaración de Pochetti como arrepentida, ayer la Comisión aprobó sumar las confesiones de todos los que involucraron a Rodríguez en la causa de los cuadernos, así como las de arrepentidos o testigos que lo mencionen a futuro.

Además de la viuda de Muñoz, ya lo hicieron la agente inmobiliaria marplatense y señalada como testaferro, Elisabeth Municoy, y el histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Según publicó La Nación, este último confesó como arrepentido ante los fiscales que el propio Muñoz le había dicho desde la cama del hospital donde estaba internado con un cáncer terminal que había desembolsado 8 millones de dólares para ser beneficiado por Rodríguez en la investigación de sus operaciones patrimoniales en el exterior. Sin embargo, la declaración de Manzanares todavía no fue homologada por Bonadio, es decir, todavía no forma parte oficialmente del expediente.  Pero el Consejo tuvo en cuenta las publicaciones periodísticas y una ampliación de la denuncia presentada por Monner Sans, pidiendo que esa confesión sea acumulada a la investigación que instruye Molea.

Por lo que pudo averiguar Infobae, Bonadio no envió aún ninguna declaración al Consejo.

El mal desempeño

La acusación a Rodríguez por sus fallos y actuación como juez es otro de los ejes a investigar y para eso, desde la Comisión pidieron copia certificada de una batería de resoluciones y actuaciones judiciales del magistrado. Sin embargo, no será sencillo. Históricamente, los consejeros jueces son reacios a avanzar sobre lo que se conoce como «la cuestión jurisdiccional», y rechazan la posibilidad de que los magistrados sean enjuciados por el contenido de sus fallos.

Por lo pronto, la Comisión ya pidió copia de las causas que tenía Rodríguez contra Muñoz y Pochetti, tanto el expediente iniciado por posible enriquecimiento ilícito y lavado a partir de las revelaciones de los Panama Papers, como por lo resuelto por la Cámara al apartarlo del expediente. También su actuación en la causa iniciada por la denuncia televisiva de Miriam Quiroga, la ex responsable de Documentación de la Casa Rosada durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien había dicho que había visto a Muñoz pesando bolsos con dinero para llevarlos desde la Casa Rosada hacia el sur. Rodríguez archivó esa denuncia.

Los consejeros quieren acceder asimismo a su actuación en la causa de enriquecimiento ilícito contra el ex ministro Julio De Vido, en la de la mina Río Turbio por la que el ex ministro tiene prisión preventiva, y la de los tres sobreseimientos a Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini.

La defensa

El abogado designado por Rodríguez, Vignale, le confirmó a Infobae que está trabajando en un escrito para presentar en su defensa en los términos del artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Acusación y Disciplina, que fija un plazo de 20 días hábiles, una vez notificado el magistrado de la apertura de una investigación sobre su desempeño. Es una suerte de descargo del juez, en el que puede contestar los términos de la denuncia, ejercer su defensa y presentar pruebas. El plazo para esa presentación se cumple el 19 de marzo próximo.

Según le adelantó Vignale a este medio, el escrito abarcará las distintas aristas por los que se lo acusa a Rodríguez. «Por un lado, defender qué hizo como juez, cómo lo hizo y por qué. Por el otro, la idea es probar que no se enriqueció y mostrar cómo vive. La primera prueba solicitada por el Consejo va en esa línea y va  permitir demostrarlo«, sostuvo el letrado. Por último, el descargo incluirá la estimación de las declaraciones de los arrepentidos y su valor probatorio.

Si los consejeros evalúan que el descargo escrito es insuficiente, lo pueden citar en los términos del artículo 20, que equivale a la indagatoria en un proceso penal.

El Consejo investiga y, eventualmente, sanciona el mal desempeño de un juez, pero no busca probar delitos. La máxima sanción -la destitución, luego de un juicio político- no es penal, sino política.

La causa penal

En paralelo a la investigación en el Consejo de la Magistratura, por los dichos de Pochetti se abrió una causa penal que recayó en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello. Este magistrado delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá abocarse a probar si hubo cohecho por parte de Rodríguez.

Pollicita ya pidió este lunes las primeras medidas de prueba. Entre ellas, a su par Stornelli le solicitó los tramos de las declaraciones de los arrepentidos que se refieran al magistrado y las causa en las que intervino. Asimismo le solicitó al Consejo todo lo actuado hasta ahora a partir de las denuncias presentadas en su contra, así como sus declaraciones juradas.

Tres nuevas denuncias

A las 5 denuncias acumuladas en dos causas en el Consejo, se sumaron otras tres.

Una de la senadora nacional de Cambiemos por la Provincia de Tucumán Silvia Elías de Pérez por la actuación de Rodríguez en una causa por el manejo de fondos del ex Ministerio de Planificación Federal destinados a obras en esa provincia. En ese expediente están acusados De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex gobernador tucumano José Alperovich.

Otra del particular Máximo Esteban Padilla contra Rodríguez por haber beneficiado con la prisión domiciliaria al sindicalista portuario Omar «Caballo» Suárez a fines de 2017.

Y una tercera del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten por la actuación de Rodríguez a cargo interinamente del Juzgado de Instrucción Nº49 en una causa del 2007, en perjuicio de la empresa Publicidad Sarmiento SA y sus titulares.

Tras ser sorteadas, una recayó en la consejera Graciela Camaño, otra en el juez Alberto Lugones y la tercera en el abogado Juan Pablo Más Vélez.