Empresas intervenidas, concursadas y bienes que se rematan de a poco. Deudas impositivas, negocios que se achican y mucha incertidumbre respecto de cómo quedará el enorme Grupo Indalo después de que termine el juicio que empezó en estos días y que tiene como acusados a López y a uno de sus socios, Fabián de Sousa.
El vértice de aquella construcción fue Oil Combustibles, la petrolera que generó la caja grande de billetes a costa de retener $8000 millones de un impuesto que cobró a los usuarios, pero que no pagó, y llevó a la cárcel a los popes del grupo.
El caso, que reveló en LA NACION Hugo Alconada Mon, se inició con la comprobación de que Oil Combustibles percibía de cada uno de sus clientes que se acercaba a un surtidor una porción importante del precio que cobraba por las ventas de gasoil y fueloil, que es el impuesto a los combustibles (ITC). Las petroleras son agentes de retención de ese impuesto, que una vez cobrado se debe depositar en la AFIP. La compañía pasó años sin depositar ese importe y la deuda ascendió a alrededor de $14.000 millones, si se computan los intereses y punitorios. Alguna vez ingresó en un sistema de moratoria, pero pagó un puñado y nunca más.
Desde hace tiempo, Oil Combustibles está en quiebra. En ese expediente, la mayoría de los bienes industriales se vendieron. Hace poco, por caso, salió a concurso de ofertas un stock de combustibles. Ya queda poco a nombre de la expetrolera de Indalo, con la excepción de los autos, particulares y comerciales, que empezarán a ser rematados en poco tiempo en uno de los centenares de incidentes que se despachan en el juzgado comercial que maneja el juez Javier Cosentino. Entre el juez, los síndicos y los interventores judiciales avanzan en la distribución de fondos de lo que se ha liquidado. La AFIP, solamente en esta instancia, recuperará algo más de $3000 millones. No será la única, otros acreedores también empezarán a cobrar parcialmente lo que se les debe.
Pero hay algo que aún no está resuelto y que podría ser un golpe de enorme precisión al corazón de los negocios y del poder que aún tiene el grupo. La historia es que en la pirámide societaria hay una empresa que maneja todas las acciones de todas las sociedades.
«Se trata de Inversora M&S, la nave insignia del grupo y titular de acciones de varias de las empresas involucradas. Estaba integrada por Cristóbal López (con inversiones por el 15,58%), Fabián De Sousa (4,64%), Nitzon Holding (de Panamá, con el 71,790% y Fideicomiso CML II (7,99%)», dice uno de los miles de dictámenes que hay en la causa. Todo este andamiaje tiene como socios a López y sus hijos, y a la familia De Sousa, y de allí pende la gran mayoría de las otras empresas, como los medios C5N y Radio 10. ¿Por qué es de vital importancia lo que sucede estos días? Por una simple razón: hay acciones llevadas adelante por la sindicatura para extender la quiebra a Inversora M&S.
Si eso sucede, todas las compañías serían vendidas para pagar a los acreedores. Pero hay una cosa más: la sindicatura también quiere extender la quiebra a Cristóbal López y De Sousa. Y la frutilla del postre: llevarla también a Ricardo Echegaray, número uno de la AFIP en épocas de la defraudación al Estado. Si eso sucede, responderán con su patrimonio, y podrían ser vendidas sus propiedades para pagar a los acreedores.
Más allá de esa posibilidad, todas las sociedades están en pleno proceso de venta de activos con la aprobación de la Justicia. Por caso, Telepiú, la firma que controla C5N, puso en venta un helicóptero. El abogado de López presentó una oferta de compra de la aeronave Volkow modelo Bo. 105 Serie S918 LV COM por US$350.000. Una empresa de Ushuaia, Volar, es quien pretende la nave.
En las empresas del grupo se acumulan deudas que son impagables con el flujo de fondos que tienen. Según un informe de la sindicatura al que accedió LA NACION, en Telepiú, «por los meses de diciembre 2017 a febrero 2019, la deuda previsional ascendió, solo por capital, a un total de 98,82 millones de pesos a fines de febrero». Ese mes, por caso, las ventas fueron de $28,5 millones.
No solo en los medios las deudas impositivas y de la seguridad social se acumulan. En la constructora CPC las cosas no están mejor. En la reunión de directorio del 28 de mayo, el presidente de la empresa, Mariano Maidana, abrió el encuentro. Dijo que había recibido un requerimiento del juez del concurso para que se paguen las deudas laborales de abril y mayo. Fue el gerente general, Gustavo Dalla Tea, el que explicó que los números ya no les sonríen. Que la empresa necesita para funcionar $70 millones mensuales y que tiene un déficit operativo de $10 millones por mes. Para este mes se proyectó la imposibilidad de cumplir con los gastos operativos. Ya nada es como cuando Cristóbal López estaba en libertad y los créditos entre las empresas del grupo disimulaban los desmanejos. Las rentables o las que retenían impuestos, como Oil, solventaban a las otras.
Pero todo cambió. López está preso, y Dalla Tea, además de explicar que CPC no tiene plata para operar, deberá convencer en la causa de los cuadernos de que no fue parte de la cartelización de la obra pública vial. Por ahora, no pudo. Está procesado y acusado de asociación ilícita.