El Estado Nacional ganó la primera batalla, pero la guerra recién comienza. El juzgado contencioso administrativo federal II acaba de rechazar una demanda de la exAFJP Orígenes, que reclama $128 millones más intereses por los daños que le habría provocado la estatización del sistema de jubilación privada, en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ese año fue creado por ley el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como nuevo régimen público de reparto que reemplazó al de capitalización, que había dado nacimiento a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Orígenes había arrancado como una sociedad de los bancos Provincia de Buenos Aires y Río (luego Santander), pero en el momento de la estatización estaba en manos de la holandesa ING y ahora pertenece a los fondos de ese origen Nationale-Nederlanden Holdinvest (NNH) y NN Insurance International. Por aquella medida oficial, exige un resarcimiento por lucro cesante y daño emergente.
En su presentación, la exAFJP dijo haber incurrido en gastos, por ejemplo, por el pago de indemnizaciones por despido de personal; por rescisión de contratos con terceros; por rescisión de contratos de alquiler de sus sucursales; por la venta obligada de tres propiedades, y por mudanzas de oficinas y centros de cómputos. Respecto del lucro cesante, dijo que éste estaba conformado por «las ventajas económicas esperadas de acuerdo con probabilidades objetivas y comprobadas». Pero el tribunal que juzgó el caso consideró que «el cambio de legislación no ha sido la única y exclusiva causa generadora de los daños que reclama Orígenes» y entendió que «nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes».
El fallo puede tener dos implicancias importantes. Por un lado, porque la exAFJP presentó una demanda «espejo» contra el país en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial para dirimir conflictos por inversiones internacionales, por US$500 millones. Ahora, este revés judicial podría crear un antecedente negativo para la exigencia de los holandeses. Al menos esa es la expectativa de la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, encargada de defender al país en los tribunales extranjeros. De todos modos, es un fallo de primera instancia que seguramente será apelado por los demandantes.
La otra implicancia es de orden local y es que la decisión podría ser un precedente también para los juicios que otras exAFJP iniciaron contra el Estado Nacional, como Arauca Bit, Profesión + Auge, Futura y Unidos, entre otras, y que esperan aún fallos de primera instancia.
Fuentes oficiales celebraban ayer que «la sentencia es un precedente de valor no sólo para el reclamo internacional de Orígenes [en el Ciadi], sino también para otros casos similares en ciernes, que preanunciaban una ola de reclamos de varias sociedades en situación similar. Queda claro, además, que el doble reclamo [en la Argentina y en el exterior] que muchas veces es usado como una estrategia por los inversores, con montos sideralmente diferentes en una jurisdicción y otra, puede tener sus desventajas».
Cristina Kirchner y Amado Boudou, por entonces director de la Anses, anunciaron en octubre de 2008 el envío del proyecto al Congreso para eliminar el sistema de AFJP y poner en marcha uno nuevo estatal, que hoy sigue vigente. La ley que creó el SIPA entró en vigencia el 9 de diciembre de ese año y eliminó el régimen de capitalización creado en los ’90. El gobierno de entonces justificó la medida en que las administradoras eran un negocio para los bancos, que cobraban altas comisiones, causando pérdidas a los fondos previsionales de los aportantes.
Orígenes sigue hoy funcionando en el país como compañía de seguros de vida y de retiro, pero está a cargo del grupo nacional BST y ya no tiene vinculación con el litigio por la exAFJP desde 2009. Ese año ING vendió todos los negocios de seguros y se retiró de América latina. Los accionistas actuales de Orígenes son los dueños del Banco de Servicios y Transacciones (BST) y de Quinquela Fondos.
fuente LA NACION