El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, respaldó la actuación del juez Alejo Ramos Padilla en la causa por la cual investiga al falso abogado Marcelo D’Alessio por presunta extorsión y espionaje.
Fernández avaló que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) audite las notas del periodista de Clarín Daniel Santoro, pese a que las principales entidades como la SIP, FOPEA y ADEPA consideraron que esa medida “vulnera la libertad de prensa”.
Fernández avaló la decisión del juez Padilla de involucrar a la CPM, al considerar que “las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados”.
Alberto F. habló sobre la causa el domingo último, en una visita a la redacción en Córdoba del diario La Voz del Interior. Y el medio cordobés publicó este lunes el fragmento del video en el que se refiere al caso D’Alessio.
El candidato kirchnerista primero se limitó a replicar “lo que dice el acta de procesamiento” sobre el periodista, en el sentido que “está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es no”, afirmó a La Voz del Interior.
Sin embargo, luego respaldó el accionar del juez Ramos Padilla. Alberto F. aseguró que “una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez lo está imputando de hechos de extorsión”.
Cuando se conoció la medida del magistrado de involucrar a la Comisión Provincial de la Memoria, las principales entidades periodísticas como la SIP, FOPEA y ADEPA coincidieron en opinar que la orden “constituye una clara amenaza a la tarea informativa e implica el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa consagrada por nuestro ordenamiento legal”. “Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”, sostuvo ADEPA.
Los abogados de Santoro, Mauricio De Nuñez y Guido Schiarreta, habían pedido la nulidad de la medida sin precedentes en la historia argentina dictada por Ramos Padilla porque “atenta contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva de la vida en democracia”.
El juez procesó a Santoro por supuesta coerción contra el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y un supuesto intento de extorsión contra el empresario K Cifuentes.
fuente CLARIN