Hace casi un mes, el entonces flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza anunciaba, en medio de una enorme expectativa, que el Gobierno encararía un «reperfilamiento» de toda su deuda, sin quitas de capital ni de intereses, con el propósito de extender los plazos de pago. Pese al impacto del anuncio, poco fue lo que se avanzó desde entonces: hasta ahora el Gobierno solo pudo postergar el pago de la deuda que vencía antes de diciembre (lo hizo por decreto), pero la de mediano y largo plazo quedó en un punto muerto por falta de señales de apoyo de la oposición.
En efecto, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró crítico de la estrategia que adoptó el Gobierno en torno a la reprogramación de la deuda que vence en el período 2020/2023, tanto en legislación local como extranjera. Son, en total, unos US$50.000 millones. Para los acreedores locales, Lacunza había anticipado el envío inmediato de un proyecto de ley previo acuerdo con la oposición con el objetivo de dar señales de distensión política a los mercados. Si bien hubo contactos con el equipo económico de Fernández, no hubo avances concretos, admiten en el oficialismo. El proyecto nunca se envió. «El borrador está escrito. El problema es que no hay definiciones del otro lado», indicó a LA NACION un importante funcionario del Ministerio de Hacienda. El Gobierno no da por caída la negociación y en los últimos días vislumbraron una «mejor receptividad» en sectores de la oposición.
Otras miradas son más pesimistas. «Las negociaciones ?están pinchadas’. Veo muy difícil que haya debate sobre esta cuestión en el Congreso», se sinceró, por su parte, un importante diputado de Cambiemos.
Fernández no objeta la idea de reprogramar la deuda, al contrario. Lo que reprueba es que el Gobierno pretenda compartir con él el costo de un «virtual default», como él mismo lo rotuló. «Lo ideal sería que una vez que se terminen las negociaciones (con los acreedores) eso lo manden al Congreso para que las aprueben. Ese es el método -enfatizó Fernández en declaraciones a El Destape Radio-. Lo que está pidiendo el Gobierno, en cambio, es ?dame autorización para negociar’. ¿Para qué sirve eso si después no va a haber aprobación de lo negociado?».
Fernández recordó que durante el gobierno de Néstor Kirchner la reestructuración de la deuda se negoció primero con los acreedores y luego se envió el proyecto correspondiente al Congreso (conocido como «ley cerrojo»). «El Gobierno nos está pidiendo que les demos autorización, y la verdad es que lo pueden hacer sin nosotros», insistió. Igualmente, Fernández dio a entender que cualquier negociación con los acreedores recién comenzará después de las elecciones de octubre.
El candidato del Frente de Todos confesó incluso que un fondo de inversión le acercó una propuesta para reprogramar su deuda. «Ellos mismos están proponiendo un reperfilamiento, hay buena predisposición de los acreedores en ese sentido», reveló.
Pese a la renuencias que muestra el candidato peronista, en el Ministerio de Hacienda no bajan los brazos. Por de pronto, ya iniciaron conversaciones para la refinanciación voluntaria de los bonos bajo legislación extranjera, bajo cláusulas de acción colectiva, para extender sin quitas los plazos de vencimiento.
En paralelo, el ministro Lacunza viajará a Washington la semana próxima para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el desembolso de US$5400 millones, el último tramo del crédito otorgado el año pasado. Este desembolso podría atrasarse hasta diciembre, según trascendió. En Hacienda indicaron que de las reuniones que Lacunza mantendrá con los funcionarios del FMI no se espera, por ahora, una renegociación de los vencimientos de la deuda, sino más bien acordar un plazo para cerrar la quinta auditoría, la cual permitiría destrabar ese giro de US$5400 millones que debió haber llegado hace diez días. En el Gobierno dicen que no necesitan con urgencia esos fondos, pero que sí son importantes a fines de año para cumplir con el programa financiero vigente.
fuente LA NACION