El ministro de Economía, Martín Guzmán, develó esta mañana el primer paquete económico confeccionado por su equipo, y allí ratificó que será un 30% más caro acceder al dólar para atesoramiento y para la compra con tarjeta en esa divisa, que se congelarán tarifas de los servicios públicos por seis meses, que impulsan un gravamen a los capitales de los argentinos en el exterior, que buscarán subir aún más las retenciones al complejo oleaginoso (soja, trigo, maíz) y que suspenderán por 180 días la actualización de los haberes jubilatorios por inflación.
Guzmán no aclaró cuál será el costo fiscal de las medidas que impulsará el Gobierno a través de la presentación, esta mañana, del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El ministro, que estuvo sólo en el anuncio de las iniciativas, dijo que el aumento del dólar para atesoramiento y para las compras en dólares con tarjeta no producirían un alza de la inflación, a pesar de que ayer el dólar informal subió más de 8% en un día. El dólar comercial -para exportar e importar- será el único que, por ahora, seguirá congelado.
Con su equipo en primar fila, el ministro desarrolló su exposición en cuatro bloques que incluirá el paquete de medidas: jubilaciones, impuestos, tarifas y deuda pública.
En cuanto a las jubilaciones, afirmó que la actual fórmula generó un «fenomenal descalabro» y estimó que la situación de los jubilados «es grave». Indicó luego que el gobierno se tomará 180 días para cambiar la forma de cálculo y que, mientras tanto, habrá incrementos trimestrales prioritariamente para sectores de más bajos ingresos. «Tiene que ser consistente y razonable», advirtió el ministro, que adelantó que se darán bonos de $5000 pesos por única vez en diciembre y enero a los haberes mínimos «respetando las escalas», lo que implica que podría haber otros aumentos proporcionales para otras jubilaciones un poco más altas.
Ante una pregunta de un medio e comunicación, admitió que la actual fórmula «imposibilita la desinflación», lo que pareció implicar que algún segmento de la pirámide jubilatoria sufrirá una licuación de sus ingresos en los próximos meses y por lo tanto se tenderá hacia un achatamiento. «Aseguraremos que eso no pase con los de menores recursos», adelantó. En el pasado, esta estrategia derivó en un incremento de la judicialización.
«No podemos permitir que el déficit crezca. No tenemos financiamiento. No somos imprudentes», dijo Guzmán al señalar que no habrá emisión monetaria alocada, algo que había señalado, y para presentar su nueva política de ingresos o de nuevos impuestos.
En ese camino, el ministro señaló que Bienes Personales volverá a la alícuotas de 2015 (iban entre 0,5% y 1,25%). Sin embargo se mantendrá el mínimo no imponible -sin actualizar por inflación- de dos millones. Guzmán señaló que se gravará los capitales (se pueden incrementar la alícuota de Bienes Personales en un 100%) y activos financieros de los argentinos en el exterior. Habrá un incentivo, estimó, para quienes traigan esos activos a la Argentina.
«Hay que desalentar el ahorro en dólares», afirmó en un contexto de más de 50% a fin de año. Fue allí cuando adelantó que el proyecto que envió hoy al Congreso suma un impuesto de 30% para la compra de divisas para atesorar. El 70% de ese impuesto financiará la seguridad social, mientras que el 30% restante irá a obras de infraestructura y viviendas. El ministro ratificó, como lo hizo en su primera conferencia, que no se modificará el cepo cambiario, que autoriza la compra de sólo US$200 por mes a cada personas a través del homebanking.
En este caso, cerca del ministro afirmaron que se encuentran desgravados del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) la adquisición de medicamentos, prestaciones relacionadas con salud, libros, y utilización de plataformas educativas. Tampoco estarán incluidos los gastos asociados a proyectos de investigación. El Poder Ejecutivo estará facultado, según precisaron, para aplicar alícuotas menores al 30% en servicios digitales, entre otros.
En Economía ratificaron además que se eliminará el impuesto a la renta financiera para todos los plazos fijos (seguirá para ganancias de compra-venta de inmuebles y activos financieros). Además, confirmaron que el impuesto al cheque alcanzará a las extracciones de efectivo. La renta empresaria, que bajaría a 25% en 2020, quedará finalmente en 30%.
«Reconozco la importancia del sector agropecuario. Pero necesitamos una economía estable», dijo Guzmán. Indicó entonces algo que Fernández ya había adelantado anoche en una entrevista televisiva. Se buscará aumentar los topes por ley que tienen actualmente las retenciones del complejo oleaginoso. Así, los porotos de soja pasarían de un tope de 30% a 33%, y el maíz y el trigo, de 12% a 15%. En tanto, se limitarán los derechos de exportación a sector industrial al 5%, mientras que habrá reintegros a los sectores «vulnerables». La tasa estadística, que ya había subido a 2,5% por Cambiamos, aumentará a 3%.
En el Ministerio de Economía informaron además que se modificará el actual esquema de impuestos internos que abarcan, entre otros, a productos como el tabaco, bebidas alcohólicas, servicios de telefonía, objetos suntuarios, automóviles, motociclos, embarcaciones de recreo, y aeronaves. Se reemplazará el sistema de alícuota única (20%) para autos, motos, embarcaciones y aeronaves por un sistema de escalas a actualizar trimestralmente por el índice de precios mayoristas. Los autos estarán eximidos hasta $1,3 millones. Tendrán una alícuota de 20% hasta $2,4 millones; y de 35% por encima de ese valor.
El ministro anunció que habrá un plan para regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social para pymes y entidades civiles sin fines de lucro, las que podrán acogerse con obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019. El plan estará abierto hasta el 30 de abril, indicaron. Se detalló que habrá un esquema de condonación de intereses, multas y otras sanciones. Al sumarse al plan, se suspenderán las acciones penales, se indicó.
También habrá un esquema de devolución del IVA a sectores vulnerables, que vendrá a reemplazar el actual sistema de eliminación del impuesto a la canasta básica aplicado por Cambiemos. La AFIP que ya conduce Mercedes Marcó del Pont fue instada a crear un régimen de reintegros para personas humanas y pequeños contribuyentes, detallaron
Además, el Gobierno frenará la baja de contribuciones patronales establecida en la reforma tributaria de Nicolás Dujovne, cuyo mínimo no imponible sería hoy de $17.407. Habrá sí una mejora para pymes de menos de 25 empleados (podrán detraer un monto adicional de $10.000) y el Poder Ejecutivo buscará eximir, de forma temporal, del pago de aportes y contribuciones los aumentos de salarios. No se mencionó si -como dicen algunas versiones que ya circulan en Economía- se eliminará el consenso fiscal firmado por Mauricio Macri y las provincias, y si eso permitirá o no nuevas subas de ingresos brutos y de los impuestos a los sellos.
No se suspende el ajuste por inflación, aunque se aumentan a seis los períodos en los cuales puede ingresarse la diferencia para «atenuar el impacto fiscal». Guzmán se metió así en otro aspecto de la reforma tributaria de 2017, que implicaba que corresponde un ajuste por inflación a los fines del impuesto a las ganancias cuando se acumule 100% de variación en el IPC durante 36 meses anteriores a cada ejercicio. En 2018 se modificó la fórmula y se afirmó que corresponde si la inflación era mayor a 55% en primer año, 30% el segundo y 15% el tercero (el primer año es el finalizado a fines de 2018). «Esto implicaba que para empresas que terminan su ejercicio en diciembre, al tener una inflación superior al 85% en los últimos dos años, corresponderá que utilicen el balance constante para liquidar e impuesto a las ganancias de 2019», precisaron en Economía. La misma reglamentación considera que la diferencia entre el impuesto a pagar con o sin ajuste por inflación, deberá ingresarse en un 33% en tres años.
Sobre las tarifas de los servicios públicos, Guzmán indicó que se tomarán seis meses para debatir un nuevo marco general e integral. En ese período, aseguró el ministro, no habrá subas. «La inversión en energía es fundamental», dijo luego el funcionario. En ese sentido, justificó la postergación del congelamiento por la necesidad de «flexibilidad» del Gobierno. Por otro lado, el oficialismo confirmó la intervención de los entes reguladores del sector. Nada dijo Guzmán sobre el valor de los combustibles, pese a que fue consultado en la conferencia de prensa.
Sobre la deuda pública, el proyecto busca facultar al Poder Ejecutivo (PE) para lograr «recuperar la sustentabilidad de la deuda pública». No hubo más detalles al respecto, salvo que el PE remitirá un informe con los resultados alcanzados al Congreso. Guzmán dijo que será necesaria «la conversación», «la buena Fe», «la capacidad de pagar» y «el crecimiento» de la economía. Todo esto deberá estar integrado a un «plan consistente» basado en resultados fiscales y comerciales, objetivos que el ministro todavía decidió guardarse para sí mismo.
Por: Francisco Jueguen/LA NACIÓN