Crece la preocupación por la necesidad de fondos, pero se desinfla un proyecto kirchnerista de impuesto

El tema hizo ruido, mucho y de golpe, y parece haberse desvanecido en un puñado de días. El fin de semana, Alberto Fernández, dio cierto aval a la idea de un impuesto extraordinario para quienes entraron al blanqueo de 2017. No asomaba muy precisa la iniciativa, aunque sí potente y ruidosa. El Presidente, de todos modos, señaló que era un tema del Congreso. En las últimas horas, fuentes del oficialismo y de la oposición coinciden en que ese tema estaría ya totalmente fuera de juego. Habrá que ver entonces qué otra iniciativa empuja el Frente de Todos y, si de algún modo se abre el debate –con las limitaciones que impone el coronavirus-, es probable que la discusión sea dura.

En rigor, la idea de un nuevo gravamen al blanqueo fue atribuida a Máximo Kirchner y luego se habló de ideas no cerradas y en discusión dentro del Frente de Todos. El Presidente se había topado con el tema en una entrevista y le resultó útil para hablar otra vez de la solidaridad que impondría a todos la “coronacrisis” y para rechazar, al mismo tiempo, el reclamo de un recorte de sueldos en los tres poderes del Estado, empujado por la oposición también sin mucha precisión.

Las marchas y contramarchas anotaron a partir de allí varios capítulos. El más notorio lo constituyen las vueltas para dejar de lado la idea del tributo al blanqueo y buscar consenso, en el interior del propio bloque oficialista y no sólo en el kirchnerismo duro, para algún tipo de impuesto extraordinario sobre grandes patrimonios. Otro ejemplo: hoy mismo, Sergio Massa formalizaría la resolución para recortar gastos de la Cámara de Diputados por 40 millones de pesos durante cinco meses, es decir, 200 millones en total que serían destinados al sistema de salud. Fue una salida elegante frente al rechazo del recorte de la dieta.

Alberto Fernández utilizó el recurso de avalar algún impuesto con vestido solidario para descalificar el impulso de lo que se denomina, también con ropaje intencionado, el gasto de la política. Pero de hecho, sus dichos asomaron mezclando dos cosas diferentes: no se trata de discutir ahora el necesario nivel salarial de funcionarios y legisladores como concepto en el sistema democrático -frente a la crítica demagógica de la antipolítica-, sino de resignar parte de los salarios en una etapa de enorme crisis, algo que de hecho está registrando en sus bolsillos buena parte de la sociedad. El esfuerzo frente a la pandemia, con aislamiento extendido, también se mide en términos de ingresos.

Las señales sobre qué tipo de discusión que se viene fueron exponiendo modificaciones con el correr de unos pocos días. Ayer mismo, fuentes del Gobierno destacaban que el propio Presidente había dicho que el tema impositivo sobre el blanqueo era algo sujeto a la iniciativa del Congreso. Es decir, no dependía formalmente del Ejecutivo y debía ser saldado en primer lugar como iniciativa consensuada dentro del bloque oficialista.

Las consultas informales en la bancada del Frente de Todos, y también con aliados como el “lavagnismo”, mostraron que la carga sobre el blanqueo no funcionaría o al menos que corría serio riesgo de fracaso, en medio además de cuestionamientos externos y señalamientos de inconstitucionalidad. Aparecieron a la vez otras propuestas, como la de media docena de diputados kirchneristas que plantean un impuesto al que denominan sin sorpresa “Patria”, sobre grandes patrimonios. Todo, a definir en las conversaciones domésticas para salir entonces a buscar avales de aliados y batallar –de entrada, mediáticamente- con la oposición.

En las filas de Juntos por el Cambio la respuesta global estaría camino a ser unificada. El rechazo al gravamen sobre el blanqueo fue casi automático, por cuestiones constitucionales y por el impacto negativo que tendría para alentar inversiones. Pero además, crece la intención de condicionar cualquier proyecto tributario a la definición conjunta del Presupuesto nacional.

Por supuesto, está claro para todos que la cuestión presupuestaria incluye las nuevas y enormes necesidades planteadas en materia sanitaria, pero también que supera por mucho ese rubro: el panorama económico dibuja una profunda caída de la economía, que para distintos consultores podría superar el 4% del PBI.

Las cuentas también son sombrías en materia de recaudación, lo cual compromete seriamente la coparticipación federal. La recaudación interanual, tomando el registro de marzo, se ubicó unos quince puntos por debajo del acumulado de la inflación: 35% contra alrededor de 50%. La inquietud de los jefes provinciales ha llegado al Gobierno nacional, con pedidos de adelantos de fondos y de distribución de ATN. Y lo mismo ocurre en la relación con los municipios: algunos intendentes del GBA dicen que la recaudación por servicios comunales proyecta bajas por encima del 50 por ciento.

Difícil entonces limitar el tema a un impuesto específico destinado exclusivamente a sostener el sistema de salud. Por lo demás, el sentido común y la experiencia nacional indican que –aun sin contar las críticas de expertos en políticas fiscales- es difícil que un impuesto por única vez y con un único destino termine siendo por única vez y con un único destino.