El senador del Frente de Todos Martín Doñate, a cargo de la comisión bicameral que sigue el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, fustigó hoy al procurador general interino Eduardo Casal y reclamó abrir una denuncia penal en su contra. Es porque, según sostuvo, el jefe de los fiscales se habría negado a tomarle inmediato juramento a dos abogados para que integren el jury de Enjuiciamiento de la Defensa. La semana pasada, el Senado había removido a los anteriores nombrados por la gestión de Cambiemos.
En duros términos, en la audiencia que presidió la vicepresidenta Cristina Kirchner, Doñate trató a Casal de “procurador interino irregular” y hasta deslizó que estaría alzándose contra las instituciones, en lo que consideró un intento de “golpe blando”. También se la agarró con el fiscal federal Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUM) por el comunicado en donde esa entidad había firmado manifestando su preocupación por la embestida desde el Senado.
Ante la consulta de Infobae, en la Procuración rechazaron las acusaciones que se formularon en el Senado y entendieron que todo forma parte del mismo operativo desgaste que vienen haciendo contra Casal para forzar su salida. “Acá nadie se negó a tomar juramento. Pero tenemos que acreditar que todo esté en orden y por eso se le corrió vista al área de Jurídicos. Es insólito que un poder le ponga plazos a otro. Pero además es un plazo que no surge en ningún lado y las normas que citaron están mal citadas”, dijeron a este medio en el entorno de Casal. De paso, en el escrito remitido al Senado, le recordaron la autonomía e independencia del Ministerio Público.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VYJIT2L6JRH6RFL6IPJAAWSDGU.jpg)
Cristina Kirchner en la previa de una sesión en el SenadoLa nueva embestida contra Casal tiene relación con los sucedido en los últimos días. El jueves pasado, el oficialismo aprobó la remoción de los abogados Mario Laporta y Juan Emilio Simoni del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa. Ambos habían sido designados por Gabriela Michetti en 2017 y 2018, pero desde el kirchnerismo se cuestionaba que esas resoluciones no hubieran sido votadas por la mayoría de la Cámara de Senadores en aquel momento. La oposición aseguró que esos mandatos debían cumplirse, pero perdió la votación.
Lo cierto es que en ese contexto, desde el Senado se instó a la Procuración a tomar juramento de César Antonio Grau y Heliana Magalí Gualtieri. En la Procuración les pidieron que acreditaran los requisitos establecidos para ocupar el cargo, mientras que les reportaban de cautelares que se habían motorizado desde el macrismo y el sector de Elisa Carrió para judicializar la decisión. Pero entonces llegó este miércoles un nuevo escrito firmado por Doñate y María de los Ángeles Sacnun -titular de Asuntos Constitucionales del Senado- emplazando a tomar juramento bajo apercibimiento de radicar una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y resistencia a la autoridad.
El planteo del kirchnerismo
“Estamos frente a una conducta que además de ilegal es de desprecio y rebeldía de este fiscal”, dijo. Habló de una “gravedad inusitada que evidentemente no podemos tolerar” y sostuvo: “Es momento de llamar a las cosas por su nombre, lo que hace el fiscal Eduardo Casal es alzarse contra la autoridad de este Senado de la Nación, en una omisión deliberada, dolosa, artera”.
Tras afirmar que el procurador no puede hacer “un test de validación de la decisión de este Senado”, Doñate explicó que se lo intimó a Casal para saber qué estaba pasando e informó que “hemos recibido una contestación de Casal diciendo que no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la decisión tomada por el Senado”. “Esto es un escándalo -bramó-, nos dice que hará jurar a los que elegimos en este Senado cuando a él se le ocurra”.
Y agregó: “Cómo puede ser que la Defensora pudo cumplir y que este fiscal que nadie eligió, que jamas pasó por concurso, que hizo elástica su permanencia en el cargo, que estuvo protegiendo a (Carlos) Stornelli durante 300 días, a Stornelli que evadió la justicia (…), pero que le inició un investigación a la fiscal (Gabriela) Boquin, una fiscal intachable que dictaminó en contra de los intereses de la familia Macri… Este fiscal se nos ríe en la cara en este Senado y dice que va a hacer lo que se le cante, con medias dilatorias, obstructivas, distractivas, que merecen ser analizadas penalmente”.
“Señora presidenta, resulta inédito que presenciemos esta resistencia de un funcionario de la Nación, al acatamiento de una disposición de este cuerpo. Entiendo que el Senado tiene que reaccionar enérgicamente ante la inconducta y la indolencia de un fiscal que pone en jaque, además, la autoridad del Senado”, afirmó.
A su criterio, dejar pasar esto “habilitaría que cualquier persona, cualquier órgano, cualquier asociación, a desafiar las instituciones de la democracia y la República. Algo que nos ha costado mucho. No solo se afecta la institucionalidad con las armas. Tenemos historia en este país… También hay vías blancas, vías solapadas, con alzamientos como este fiscal, como lo de este Procurador Casal, interino irregular”. Fue así que se pidió que “analicemos esta situación” y el tema pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales.
La respuesta de Casal
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/M5AYEAISMVHIRM6HS5NGIKX5QM.jpg)
Eduardo Casal (Foto: Nicolás Stulberg)Según pudo saber Infobae, la respuesta de Casal que irritó a Doñate decía que “de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento Disciplinario para las/los Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Res PGN 2627/15), corresponde al Procurador General de la Nación examinar el cumplimiento de los requisitos legales antes de recibir el juramento de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento para su incorporación”. Pero además es el procurador “el responsable del buen funcionamiento” del Ministerio Publico “con base en su autonomía e independencia y es un “ejercicio obligatorio e irrenunciable”.
Fue así que la nota de la Procuración le dijo al Senado que el plazo instado “no resulta vinculante para esta sede, como tampoco lo es el de 24 hs. que fijan los presentantes, en tanto ninguno de ellos se sustenta en disposiciones legales”. Resaltaron que “el artículo 54 de la Ley n° 27148 que se cita en dicha resolución no establece plazo alguno y se refiere sólo al juramento de fiscales” mientras que “el artículo 60 del reglamento aplicable con respecto a los Integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, titulares o suplentes, tampoco contempla término alguno para recibir su juramento”.
“Creo oportuno recordar que, según tiene establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el accionar de los poderes del Estado debe ser armónico y coordinado pues, aunque cada uno de ellos tiene algunas atribuciones exclusivas, deben asistirse, complementarse y controlarse entre sí, pues de lo contrario se descompensaría el sistema constitucional, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de dichos poderes actúe obstruyendo la función de los otros”, dijo Casal citando el fallo alusivo. Y concluyó: “Esta última circunstancia podría presentarse de intentar compelerse al suscripto a adoptar una decisión sin que pueda tomar, dentro de términos razonables, los recaudos necesarios que, según se presenta el caso, exige la legalidad a la que siempre ajusto mi desempeño”.