Favoreció a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez; desarmó equipos que investigaban denuncias y otorgó más poder interno a empleados oficialistas
El desistimiento de la querella penal contra Cristóbal López y Fabián de Sousa que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó a la Justicia penal fue el último eslabón de una serie de medidas controvertidas que adoptó el organismo y que beneficiaron a figuras del kirchnerismo o cercanas a ese espacio desde diciembre de 2019.
La gestión de la actual titular, Mercedes Marcó del Pont, también dispuso el reintegro o el ascenso de determinados funcionarios y técnicos del organismo, y el apartamiento o castigo de otros, de acuerdo a su afiliación partidaria o su actuación funcional y sus declaraciones en tribunales durante los últimos años.
Junto a Marcó del Pont sostienen, sin embargo, que las decisiones adoptadas durante los últimos años no apuntan a beneficiar a la actual vicepresidenta, a Báez, López o Echegaray, entre otros, sino a “ordenar” y “corregir” decisiones adoptadas durante el gobierno de Mauricio Macri, al que le endilgan “hostigamiento” y “lawfare administrativo”.
El organismo decidió el reintegro al servicio activo a Ricardo Echegaray tras levantarle la suspensión que afrontaba desde junio de 2018 por encontrarse procesado en causas criminales. Cobró los salarios atrasados, se lo reubicó en la Aduana y recibió una medalla por sus 25 años en el organismo
También se nombró al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) a la excuñada de Máximo Kirchner, Virginia García. Al momento de asumir tenía 41 años y solo cinco años de experiencia en la AFIP como exdirectora de la Regional Río Gallegos entre 2010 y 2015, fecha en la que asumió como senadora nacional (2015-2017), para luego desempeñarse como prosecretaria administrativa del Frente para la Victoria en el Senado y asesora de Cristina Kirchner.
Se designó a Silvana Quinteros, una colaboradora de máxima confianza de Echegaray en la Regional del organismo en Bahía Blanca. Justamente en esa ciudad está uno de los epicentros de una de las investigaciones más sensibles para el propio Echegaray y para el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.
La AFIP decidió la salida de Alejandro Carrió como el abogado a cargo de la querella en el juicio oral contra Cristóbal López, Fabián de Sousa y Echegaray; el seguimiento del juicio quedó en manos de un letrado del organismo.
En agosto de 2020, se desarticuló del grupo de trabajo que respondió los oficios con pedidos de información que la Justicia envió en la “causa Cuadernos”, decisión sustentada en una auditoría interna que analizó la actuación de sus autoridades durante el macrismo.
Otra de las medidas fue la disolución de la Dirección de Integridad Institucional y derogación de varias resoluciones destinadas a dar mayor transparencia; en su reemplazo se creó un “Comité de Integridad y Ética Pública”.Se designó a otro colaborador histórico de Echegaray, Horacio Curien, como número dos de la Regional Mar del Plata, donde se convirtió en el poder en las sombras; Curien había sido señalado por el excontador de los Kirchner Víctor Manzanares como uno de los sabuesos de la AFIP que viajó a Río Gallegos para resolver las inconsistencias en las declaraciones tributarias de la familia presidencial.
Hubo ascensos y desplazamientos del personal registrado en las regionales de Bahía Blanca y Mar del Plata con una notable correlación con las declaraciones que esos agentes habían brindado ante la Justicia: aquellos que beneficiaron o resultaron inocuos para Echegaray, fueron promovidos; aquellos que comprometieron al extitular de la AFIP, fueron castigados.
En Buenos Aires se dio el desplazamiento de cuatro de los cinco abogados que intervinieron en el juicio oral por la “ruta del dinero K”; entre ellos, dos de los que estuvieron a cargo de los alegatos y pidieron penas de prisión contra Báez; los trasladaron a la Dirección de Seguridad Social.
Se promovió la radicación de una denuncia penal por presunto “hostigamiento fiscal” que reflejarían una “matriz de persecución” contra la actual vicepresidenta y sus hijos por parte de funcionarios de Abad y de Cuccioli, invocando “graves irregularidades” detectadas en investigaciones y auditorías internas en distintas áreas del organismo.
Se cambiaron de funciones a técnicos que trabajaron en las reinspecciones de Austral Construcciones durante la gestión macrista y detectaron que la gestión de Echegaray le había mentido a la Justicia en lo Penal Económico sobre su situación tributaria para beneficiar a Báez.
Se convalidó –y, por tanto, no se apeló–, el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició a Lázaro Báez, al excluirlo como presunto jefe de la asociación ilícita destinada a la evasión y el lavado que se investiga en esa jurisdicción, tras sostener que Báez ya estaba siendo investigado en el fuero en lo Penal Económico de Buenos Aires por presunta evasión agravada.
Poco después, se ejecutó el desistimiento de la querella contra López, De Sousa y Echegaray en el juicio oral por la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Entonces, el organismo afirmó que hubo “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” contra los dueños del Grupo Indalo por parte de la administración Macri.La AFIP desistió de la acción civil contra López y De Sousa por el presunto perjuicio ocasionado al Estado por miles de millones de pesos.
Después de ganar un juicio millonario contra Tabacalera Sarandí por el pago de una tasa a los cigarrillos, incluso con un fallo de la Corte, los recaudadores que dirige Mercedes Marcó Del Pont no tienen pensado intentar cobrar al menos $47.000 millones de retroactivo ni tampoco obligarlos a tributar lo mismo que sus competidores. La tabacalera es muy cercana a varios políticos bonaerenses.