La quiebra de Correo Argentino, buscada por Zannini tiene el propósito de garantizar la confiscación del 2003 para «Nacionalizar»
Quiebra como herramienta de confiscación
En las últimas horas se conoció la noticia de que el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió extender la quiebra –hoy en suspenso– de Correo Argentino SA a SOCMA, la nave insignia del grupo Macri, y a Sideco Americana, también de la familia del ex presidente. No se trata de una acción aislada, sino de un nuevo capítulo en la historia de persecución y venganza iniciada por Néstor Kirchner poco tiempo después de llegar a la Presidencia.
En su presentación, Zannini acusó a esas sociedades del grupo Macri de beneficiarse «a costa» de Correo Argentina SA –concesionaria del servicio oficial de correos entre 1997 y 2003– «sometiéndola a una dirección unificada» y ejerciendo un claro «abuso de control». Y aseguró que tanto SOCMA como Sideco «fugaron» activos de Correo Argentino SA generando «un progresivo vaciamiento en su beneficio» durante «el dilatado desarrollo del proceso concursal».
Sin embargo, el escrito del Procurador del Tesoro de la Nación omite –entre otras cosas– que fue el Estado el que provocó el concurso de Correo Argentino SA. No sus accionistas.
Así lo dejó en claro la Sindicatura concursal, que en 2001 no sólo reconoció que los dueños de Correo invirtieron sumas suficientes como para hacer prosperar el negocio y lo administraron bien, sino que atribuyeron el fracaso de la concesión y la posterior caída en concurso de la empresa de los Macri a que el Estado no le pagaba por los servicios contratados.
Pero eso no es todo. Zannini defiende la decisión de pedir la extensión de la quiebra bajo el pretexto de que así el Estado verá «satisfecho el crédito que se le adeuda», cuando –en realidad– el Estado «ya cobró».
¿Cómo? Apropiándose de sus activos el 19 de noviembre de 2003, día en que Néstor Kirchner rescindió la concesión del servicio oficial de correos mediante el decreto 1075/03.
No hubo expropiación, sino una confiscación de la planta que Franco Macri levantó en la localidad de Monte Grande para centralizar la distribución de la correspondencia y de cientos de rodados, maquinaria, muebles y útiles, sistemas informáticos y computadoras.
En 2009, el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el valor de los activos confiscados ascendía a $ 330 millones. Mientras que el crédito adeudado con el Estado por cánones impagos asciende a $ 296 millones. Por lo tanto, en el grupo Macri no dudan en afirmar que «cualquiera sea la actualización que se haga, el Estado tiene en su poder más de lo que reclama».
Extensión de quiebra como Zannini quiere
«Es increíble que el Estado no devuelva los activos, no se considere pagado con ellos y quiera, además, cobrarle a los accionistas diciendo que Correo no tiene patrimonio», planteó el Grupo en un escrito que hizo llegar a este periodista.
Otro de los fundamentos que toma Zannini para ir por la extensión de la quiebra es que Correo «no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa» y tiene «un desmesurado pasivo post concursal». No obstante, el vacunado VIP obvió que, desde que el Estado le confiscó sus activos, la operación residual de la empresa fue fondeada por los accionistas y que todos sus gastos durante el concurso fueron aprobados por la Sindicatura concursal y la Justicia.
Esta suma de arbitrariedades no hace más que exponer el modus operandi de los Kirchner para domesticar y avanzar sobre aquellos que no puede comprar. Y el cinismo de un relato, cuyos escribas hoy utilizan para enmascarar su verdadero fin: la venganza.
El fondo de lo que Zannini persigue
En caso de que el pedido de Zannini prosperase, el Gobierno no sólo podría hacer caer –a través de quien sea nombrado administrador de SOCMA– los reclamos que el grupo Macri mantiene con el Estado sino también garantizar la impunidad del kirchnerismo por la confiscación perpetrada en noviembre de 2003. Caso contrario, quedaría en evidencia su mala praxis. La misma que tuvo en casos como los de Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas e YPF.
Al tiempo que, la maniobra también le permitiría al oficialismo presentar a Mauricio Macri –el jefe de la oposición– como una persona insolvente y perseguirlo como deudor del Estado. A pesar de que el ex presidente dejó de tener injerencia en el holding familiar a partir de su decisión de incursionar en la política del club Boca Juniors, y que en 2009 cedió su paquete accionario a sus hijos. Que en diciembre de 2017 se lo vendieron a su tío Gianfranco.
Hoy en día los accionistas de SOCMA son los tres hermanos de Mauricio Macri (Gianfranco, Mariano y Florencia) y los hijos de su hermana Sandra, que falleció en 2014.
No menos importante resulta el momento elegido por Zannini para activar el pedido de extensión de quiebra. En primer lugar, porque carece de sentido cuando la propia quiebra se encuentra en suspenso. Y en segundo, debido a que coincide con una avanzada mediática y judicial sobre el ex presidente que incluye su indagatoria en Dolores por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan; y el agite de que este es apenas el comienzo de un camino que –como publicó Página/12– le tocará recorrer.
Lawfare.
Ese mismo que Cristina Kirchner y sus alfiles dicen haber sufrido durante el gobierno de Cambiemos.
Periodismo y Punto