El Gobierno tomó la decisión política de no adoptar medidas restrictivas para cortar la circulación comunitaria, como sucedió en la primera etapa de la pandemia entre 2020 y 2021. Ahora, la postura de la administración de Alberto Fernández es que son las provincias las encargadas de implementar la política sanitaria en sus jurisdicciones, porque la Argentina es “un país federal”.
Con ese razonamiento, que esgrimieron fuentes gubernamentales consultadas, la determinación oficial es que Fernández no hará presentaciones como en las que se mostraba al frente del combate contra la pandemia, porque en esta nueva etapa –signada por el avance del pan de vacunación- el Gobierno privilegia el intento de reactivación de la actividad económica sobre cualquier medida sanitaria que pueda atentar en su contra, de todos modos el kirchnerismos y la oposición cómplice sabe que es irremontable.
“La decisión política es evaluar la situación en forma permanente. Estamos analizando por dónde está el sistema y vemos que la capacidad de internación no está complicada. Lo que está complicado es el testeo”, dijo una fuente de la Casa Rosada, que dio cuenta de una comunicación permanente entre el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. “Estamos transitando otra etapa de la pandemia”, agregó la fuente consultada.
El jefe de Gabinete, que fue ministro de Salud durante la presidencia de Cristina Kirchner, sigue de cerca la evolución de la pandemia. “Estamos monitoreando en forma permanente la situación epidemiológica en todo el país; en contacto continuo con la ministra de Salud y su equipo trabajamos articuladamente entre la Nación, las provincias y los municipios para supervisar el impacto que pueda haber en cada distrito”, afirmó Manzur. Y agregó: “Los datos indican que el aumento en la cantidad de casos no tiene correlación con el número de internaciones en terapia intensiva y muertes, y esta situación se da gracias a que el 72% de la población ya ha completado su esquema de vacunación”.
Monitoreada por Manzur, Vizzotti blanqueó en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), ante ministros provinciales del área, que el Gobierno central no tiene en sus planes adoptar nuevas medidas ante la explosión de casos que se registra desde el inicio de 2022. Ante una consulta puntual de sus colegas, Vizzotti dejó en claro que “las medidas las toman las provincias”. En algunos casos, como en Córdoba y Santa Fe, ya lo están haciendo.
Tampoco los gobiernos provinciales tienen mucho margen para reclamar una política más activa de la administración federal, porque fueron las provincias las que el año pasado reclamaron la “descentralización” de la política sanitaria, para afrontar la pandemia en sus propios territorios. Desde entonces, el presidente Fernández cortó sus apariciones públicas –con las recordadas filminas incluidas-, lo que coincidió también con la campaña electoral.
El costo político que pagó el Gobierno por las restricciones que provocaron una parálisis de la economía y de actividades medulares para las familias, como las clases escolares presenciales, fue calculado por los principales analistas del país –y por los propios funcionarios- como una de las causas de la derrota electoral del Frente de Todos en las últimas elecciones legislativas. El clima de enojo social se fue diluyendo luego al compás del levantamiento de las medidas.
En la misma línea que la Casa Rosada, el gobernador Axel Kicillof, uno de los más duros al momento de aplicar las restricciones en el principal distrito del país, delegó la comunicación sanitaria al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, en sintonía con el comportamiento del presidente Fernández y Vizzotti. Aunque el mandatario bonaerense hizo anuncios en materia de vacunación, como la tercera dosis libre para mayores de 60 e inmunosuprimidos.
De acuerdo a fuentes de la gobernación, a la próxima conferencia de prensa del ministro Kreplak, prevista para el martes, podría sumarse el gobernador Kicillof, para dar cuenta de que no se desentiende de la nueva situación epidemiológica, en una provincia que este viernes tuvo más de 40.000 contagios detectados. Kreplak acaba de cuestionar los autotest, que convalidó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Una política inversa lleva adelante el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien a la par del aumento exponencial de los contagios se presentó ayer en conferencia de prensa para celebrar que “finalmente el Gobierno nacional haya aprobado el autotest” y reconocer que la reforzada presencia del virus “nos genera incertidumbre a todos”. La diferenciación del alcalde porteño respecto de Fernández y Kicillof resulta ostensible.
Ya lejanos los tiempos en que compartían los anuncios sanitarios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Larreta ponderó: “La semana pasada hicimos el 50% de los testeos de todo el país, cuando representamos el 7% de la población”. Luego dijo que se buscará “acortar el plazo de la tercera dosis de cinco a cuatro meses”, aunque lo hizo con una advertencia: “Esto, obviamente, siempre que el gobierno nacional nos provea las vacunas necesarias”.
A diferencia de Fernández y Kicillof, que abandonaron los mensajes originales para concentrarse en un discurso que fomenta la idea de la pospandemia, Larreta declaró que la nueva oleada de contagios genera “angustia y preocupación” en la sociedad, porque provoca “la sensación de que esta pandemia se alarga cada vez más”. El juego de las diferencias entre el “trío pandemia” –que ya no es tal- salta a la vista en cada presentación.
En la Casa Rosada parecen decididos a mantener a Fernández alejado de la comunicación pandémica. Tampoco tienen previsto un refuerzo de las partidas presupuestarias: “Por ahora no hay nada especial”, dijo la fuente consultada por este medio, aunque aclaró: “Siguen vigentes la emergencia sanitaria y las facultades del Poder Ejecutivo para redireccionar fondos”. Aunque las filminas del Presidente parecen haber quedado en el recuerdo.