La denuncia por el supuesto abuso sexual de un nene de tres años desató un escándalo en el Jardín de Infantes N° 919 de Mar del Plata que incluyó incidentes frente al establecimiento educativo, piedrazos y hasta el incendio de la casa de la auxiliar acusada de cometer el hecho.
Las primeras medidas tomadas por las autoridades del jardín se conocieron en menos de 48 horas después de que trascendiera la noticia: las clases fueron suspendidas y la sospechosa, que trabaja en el sector de cocina, fue separada del cargo hasta que se aclare su situación.
“Mi hijo me dijo que la seño le había bajado el pantalón y le metió la mano en la cola”, contó al portal local 0223 Antonia, la mamá de la presunta víctima. De acuerdo al relato del nene, la mujer lo lastimó porque tenía “garras largas como de pato” y además le había pedido que no contara nada porque se trataba de “un secreto” entre los dos.
Tras la denuncia de la familia intervino la Justicia y la causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, que dispuso distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes que permitan confirmar o descartar la acusación de los padres del menor.
En las últimas horas, personal de Bomberos trabajó en el domicilio ubicado a metros del cruce de las calles García Lorca y Savia, donde vive la acusada, donde sofocó un incendio provocado por un grupo de desconocidos.
Por su parte, este miércoles Gustavo Ibáñez, de Suteba; Claudia Rey, de ATE; y Adriana Donzelli, de Sadop, brindaron una conferencia de prensa, y repudiaron los hechos de violencia ocurridos frente a la institución como en la casa de la acusada y pidieron a la justicia que se investigue rápidamente la denuncia.
Ibáñez expresó que “es importantísimo la participación del Estado desde los distintos sectores que lo componen que sea activa para restañar las heridas sociales que se produjeron. Estamos trabajando y acompañando a las autoridades, docentes y auxiliares que forman parte de ese complejo, como también a las familias que necesitan de la escuela”.
“Estas situaciones no se resuelven de un día para otro. Las distintas autoridades deben garantizar el derecho que tiene todo trabajador. El principio de inocencia es una premisa legal que a veces se olvida”.
En tanto, Rey dijo: “Necesitamos la articulación de las autoridades que tienen que hacerse cargo de esta situación como así también la mayor presencialidad por parte del Estado, incluyendo a la Secretaría municipal de Seguridad”.
“El establecimiento -agregó- está cerrado y aún no se sabe cuándo abrirá sus puertas. Se necesita mayor celeridad en la investigación para dar solución y contención a esta comunidad porque el hecho es gravísimo y no se puede repetir”. Por último, resaltó que “la situación que la auxiliar está viviendo es dramática porque además vive a tres cuadras del establecimiento”.