La polémica en torno al fallo de la Cámara de Apelaciones de General Roca que rechazó un recurso presentado fuera de término por el Ejército Argentino y le ordenó entregarle un predio ubicado en la ciudad de Bariloche, en Río Negro, a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, que lo reclama como propio, continúa sumando voces críticas.
La decisión la tomó originalmente la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, que estableció la transferencia inmediata de esos terrenos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y, posteriormente, a quienes alegan ser sus dueños originales.
En los últimos días se sumaron al debate el ex senador por esa provincia y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien opinó que hubo una “grave y repudiable impericia por parte de abogada del Ministerio de Defensa en el caso”, debido a que “se interpuso el recurso de apelación ya vencido el plazo” legal para hacerlo.
“Entregar esas tierras implica impactar en el espacio verde más grande de Bariloche, que une el centro de la ciudad con el Cerro Catedral. La provincia de Río Negro debería presentarse ante la Corte Suprema para plantear la nulidad de este fallo”, sostuvo el dirigente de Juntos por el Cambio a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, que ocupó ese cargo durante los gobierno de Raúl Alfonsín y de Eduardo Duhalde, consideró que las actuales autoridades de la cartera, que ahora coduce Jorge Taiana, actuaron con “negligencia” en este caso, por lo que reclamó “sanciones” para los funcionarios responsables del revés judicial.
Durante una entrevista que concedió al diario Clarín, el histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionó además la posición del Gobierno respecto al asunto y pidió un “enérgico gesto” por parte de Taiana para defender el predio en litigio como propiedad del Ejército.
Para argumentar esto, Jaunarena señaló que el plazo para apelar el fallo de la jueza Domínguez vencía el viernes 4 de febrero pasado, pero el Ministerio de Defensa le “avisó (de esta situación) al Ejército recién al día siguiente a las 15″.
La magistrada fundamentó su decisión en un inciso del artículo 75º de la Constitución Nacional que establece el reconocimiento de la preexistencia de pueblos originarios en la Argentina y dispone la transferencia de tierras para la posesión de las comunidades registradas debidamente ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Nación (INAI).
El Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, recurrió el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, aunque lo hizo cuando habían expirado los plazos procesables previstos para la instancia recursiva: “fue extemporáneo”.
Días atrás, consultada sobre este conflicto durante una rueda de prensa en Casa Rosada, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, comentó: “Perdón la ignorancia pero no sé de qué fallo me están hablando”. Sin embargo, por acto reflejo hizo una defensa de la comunidad mapuche: “Hacer una cuestión entre el Ejército y los mapuches me retrotrae a la Conquista del Desierto. Retrocedimos 200 años. Nosotros no vamos a hacer una cuestión entre Ejército y mapuches”.
Los terrenos en cuestión son un área de 180 hectáreas situada a 12 kilómetros de Bariloche y que desde 1937 pertenece al Estado Nacional, pero que es reivindicada por las familias Millalonco Ranquehue. Ellas habitan en la zona y aseguran que viven en ese lugar desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”.
El lugar limita con el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche. De hecho, los edificios que actualmente forman parte del Centro Atómico estuvieron ocupados por unidades de artillería hasta 1950. En ese momento el espacio fue entregado, por orden del ex presidente Juan Domingo Perón, al austríaco Ronald Richter, que montaría su laboratorio en la cercana isla Huemul.
Tan solo unas horas después de que se conociera el fallo de la jueza Domínguez, varios dirigentes de la oposición cuestionaron la decisión de la magistrada, entre ellos el diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien consideró que de esta manera “la justicia legitima a un grupo violento y terrorista en lugar de defender los intereses de nuestro Ejército Nacional”.
“Para un grupo de mapuches, Argentina es un Estado ocupante de sus territorios. A partir de esa premisa creen que tienen derechos de ocupación“, reflexionó también el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman.