Por donde se mire esto, es una incongruencia
“Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares el presente proyecto de ley, mediante el cual se propone ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de justicia de la Nación a VEINTICINCO (25) jueces y juezas, lo que permitirá contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces”, señala el primer párrafo de los fundamentos que respaldan el proyecto de ley que ingresó ayer al Senado de la Nación y por medio del cual el oficialismo apunta a modificar el número de magistrados en el máximo tribunal. Al respecto de la iniciativa, los constitucionalistas Daniel Sabsay, Félix Lonigro y Diego Armesto analizaron el documento. “Cometen un grave error con este proyecto”, señalaron.
“Uno lee el proyecto de ley y simplemente se hace referencia a la necesidad de ampliar a 25 pero luego delega de alguna manera la organización interna del funcionamiento de la Corte a otra ley del Congreso. O sea que lo que hace este proyecto es elevar la cantidad y después se verá, por lo cual hay una enormeimprovisación porque no se puede largar una reforma de la Corte así de esta manera y después viendo de qué manera funcionan con otra ley que todavía no se sabe si la tienen”, reflexionó Félix Lonigro en diálogo con Infobae.
“Tiene una motivación política, no seamos inocentes. Acá lo que se quiere es diluír a los actuales miembros de la Corte y tener jueces militantes. Esa es toda la razón de ser. Después todo lo otro es para la tribuna”, señaló por su parte Daniel Sabsay.
El proyecto de ley fue promovido por Alberto Fernández y consensuado entre varios gobernadores del oficialismo que propone la ampliación de la Corte. “Bajo todo punto de vista es disfuncional, es inconstitucional, confunde lo que es el Senado con lo que es la Corte Suprema. Es realmente un proyecto muy peligroso que destruye la independencia de la Justicia y la división de poderes y pone a la República en terapia intensiva”, enfatizó Sabsay sobre la iniciativa que tomó estado parlamentario y que fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
Sabsay enfatizó: “La participación en provincias dentro de la Corte es algo que no tiene absolutamente ningún sustento porque las provincias participan de las decisiones del poder federal en el Senado. Por eso ahí tiene una representación igualitaria y en todo el procedimiento de formación y sanción de leyes están equiparadas a lo que es la representación general que tiene Diputados. Pero de ninguna manera eso puede ser trasladable a la Corte, porque si se transforma en eso, desaparece su independencia y se transforma en una suerte de ‘Senado bis’, que no es el sentido de la Corte”.
“Veo una enorme improvisación —insistió Lonigro en este sentido—, pero además si eventualmente el interés es una Corte federal, la Corte no es el ámbito institucional en el cual las provincias deben verse representadas. Para eso está el Senado”.
Los actuales jueces de la Corte “conservarán sus puestos”, según precisa el proyecto de ley, y se agrega que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición”. Además, que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”.
“Estoy en contra en atención a todo proyecto que tienda a aumentar los miembros de la Corte sin un estudio desde el punto de vista histórico constitucional. Atenta lisa y llanamente contra lo establecido por el mismo senado de la nación en el año 2006, cuando la senadora Cristina Kirchner estableció la reducción de los ministros a cinco por cuanto en aquel momento ella sostenía que había que saldar desde la política una deuda con la historia de la Corte, porque desde el año 1862 a 1958 la Corte siempre fue de cinco miembros”, analizó por su parte Diego Armesto.
En esa línea, insistió: “La cantidad no significa calidad y la cantidad tampoco significa que vaya a mejorar el funcionamiento de la Corte. La solución no es aumentar el número de miembros”.
El documento que ayer tomó estado parlamentario agrega entre sus fundamentos: “Resulta imperante que el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes genera una mayor litigiosidad que, lógicamente, lleva al Tribunal por las vías procesales correspondientes”. Y a continuación, fundamenta a propósito del aumento en el número de expedientes: “En el 2018 ingresaron 28.004 expedientes; 23.618 en el 2019; 15.242 en el 2020 -año de la pandemia COVID-19-; y 24.607 en el 2021. Ello ha llevado a la Corte Suprema a dictar cada vez más sentencias -en promedio siete mil por año- que resuelven varias causas a la vez. Así, en el año 2021 dictó 8.358 fallos que resolvieron 21.0553″.
Armesto opinó: “Lo que le diría a los senadores de la Nación es que en vez de procurar aumentar la corte en base a la población, procuren cumplir con los artículos 45 y 46 de la Constitución, que dicen que terminado el censo, la Cámara de Diputados debe estar representada conforme a la proporción de la cantidad de habitantes de la república. Que no mezclen eso con la conformación de la Corte Suprema. Cometen un grave error con este proyecto. Desde mi punto de vista es completamente inconstitucional”.
“La cantidad de habitantes siempre aumenta. Qué pasó entre el Censo del 2000 y el 2010. Ahí parece que no tenía que ver la población y se redujo a casi la mitad la cantidad de magistrados. Es todo sinceramente un gran desmadre el del gobierno con respecto a la Corte y a la Justicia en general. Me hace pensar que el objetivo es que los cuatro integrantes que están ahora, con la incorporación de otros 21, se desdibujen totalmente y se licúe el poder que tiene porque son jueces que no les gustan a este Gobierno”, sostuvo también sobre este punto Lonigro.
“El Senado de la Nación, con este proyecto, se está proponiendo en una faz constituyente que altera el texto de la Constitución”, advirtió por su parte Armesto.
El proyecto de ley firmado por la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador José Mayans, titular y vice del interbloque del Frente de Todos en la Cámara alta, detalla también en el aspecto económico: “Se le da autorización al Jefe de Gabinete para adecuar las partidas presupuestarias que resulten necesarias par acumplir ocn los gastos que demande la iniciativa”.
Lonigro también analizó este aspecto de la norma: “21 jueces más no significan 21 sueldos más, sino 21 equipos más de personas. Prácticamente estamos hablando de 200 sueldos en un momento en el que la Argentina necesita imperiosamente fondos para otra cosa. Por donde se mire esto, es una incongruencia”.
Por último, en el cierre de sus fundamentos, el documento señala: “Cabe consignar que una Corte Suprema de Justicia de la Nación con este número de jueces no solo resuelve las cuestiones de funcionamiento, sino que permite una composición, en principio más acorde con el sistema republicano de gobierno y con la multiculturalidad que caracteriza a nuestra sociedad y que es la base de la democracia igualitaria y plural a que todos aspiramos”. “El problema de ese fragmento —analizó Armesto— es que el texto de la Constitución en ningún momento dice que tenes que darle ‘multiculturalidad’. La Constitución dice que la Corte se va a integrar por los miembros que el Poder Ejecutivo designe con el acuerdo del Senado. No se puede reemplazar el Senado por una Corte para solamente hablar de federalismo. Si hablamos de federalismo, en la actualidad tenemos a dos santafesinos, un cordobés y al doctor (Carlos) Rosenkrantz que si no me equivoco, se crió en Corrientes. Y si es de Buenos Aires, también es federal”.