Le notificó a la Corte que aún no se cumplió con el pago de fondos ordenado con el fallo coparticipación. Confirmó la ciudad denuncia
Ddenuncia de la Ciudad contra Gobierno por fallo de la Corte
Después de transcurridos tres días hábiles desde la notificación por parte de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo nacional sobre el 2,95% que debía comenzar a girar al Gobierno porteño en concepto de fondos coparticipables, el Procurador General de la Ciudad acudió al máximo tribunal para denunciar el incumplimiento del fallo.
La presentación se formuló pese al anuncio del presidente Fernández, quien sostuvo en el mediodía de este lunes desde sus redes sociales que pagará con bonos el dinero que corresponde restituirle a la Ciudad en el marco del porcentaje fijado por la Corte.
La semana pasada, y por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar a la medida cautelar que había pedido el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
A través del fallo de la Corte Suprema se ordenó que el Poder Ejecutivo entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (la Ciudad pide el 3,5% como reclamo de fondo), contra el 1,4% actual.
El fallo que la Casa Rosada resolvió no acatar, conduciendo al Gobierno a una situación inédita, indicaba que las transferencias debían realizarse «en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina». Se trata de unos $ 600 millones extra por día respecto de lo que recibe actualmente la Ciudad.
Comunicado oficial sobre incumplimiento de fallo de la Corte
Sin embargo, la resolución no fue obedecida por las autoridades del Poder Ejecutivo, que consideraron que el planteo era de «imposible incumplimiento». En paralelo, Alberto Fernández decidió impulsar la recusación de los ministros de la Corte, junto con un pedido de revocatoria «in extremis» del fallo desobedecido.
Ambas medidas, entienden en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, son «extemporáneas» e «inaplicables para este caso», ya que la revocatoria es un recurso al que se apela cuando los fallos tienen errores materiales, «errores groseros de redacción, u omisiones involuntarias de la Corte que el Tribunal entendía que debían ser subsanadas», como explicó el ex juez federal Gabriel Cavallo.
Retractándose de la decisión de no acatar la decisión de la Corte, el jefe de Estado informó este lunes que se utilizarán bonos TX31 y se los «pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos», precisó el mandatario.
Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte porque al día de la fecha siguen sin percibir el monto determinado por el máximo tribunal. Junto con la presentación donde informan sobre el incumplimiento por parte del Gobierno, se instruyó a la Procuración General «para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo», sostiene el comunicado oficial.
Este lunes, las denuncias
Este lunes en Comodoro Py las denuncias penales formuladas contra Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, por el delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionarios público, se unificaron y la investigación se encuentra a cargo del fiscal federal Ramiro González.
Reclamo de la Ciudad
Con la disputa aún abierta el Procurador General de la Ciudad -Gabriel Astarloa- acudió por orden del jefe de Gobierno porteño a la Corte Suprema para denunciar el incumplimiento del fallo por parte de la Casa Rosada.
El planteo se formula «tras acreditar que en los dos días hábiles bancarios de la semana pasada, y este lunes la Ciudad recibió del Banco Nación fondos coparticipables por el porcentaje de 1,4% cifra que revirtió el fallo de la Corte Suprema».
Es decir, a la fecha «no se registró la modificación ordenada por la Corte» que llevaba dicho porcentaje a 2,95%
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en conocimiento al máximo tribunal «que la medida no se ha cumplido a la fecha» y en ese sentido, «se hace conocer el hecho de que la sentencia fue notificada hace tres días y no fue cumplida, generando un perjuicio a las arcas de la Ciudad», explicaron a Clarín.
En la presentación se exige que «se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento del fallo.
El jefe de Estado informó que dicha transferencia comprenderá, «en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes».
Frente a cómo proceda el Poder Ejecutivo en los próximos días, la Ciudad evalúa cómo seguir y qué más se pedirá en esta instancia de reclamo de cumplimiento del fallo ordenado por la máxima autoridad en materia jurídica.
Como contó Clarín, en el marco de la denuncia realizada este lunes, se analizan diferentes medidas contempladas en el marco de este juicio denominadas de «ejecución forzada», ya que el Gobierno nacional se niega a girar el porcentaje ordenado por la Corte respecto a los fondos coparticipables.
Las medidas iniciales que se contemplan y que podrían derivar en un pedido puntual ante el máximo tribunal de Justicia, es que se proceda al embargo de los fondos correspondientes que se deben girar a las arcas porteñas. El reclamo está contemplado en el marco de este tipo de juicios.
Como resultado inmediato de ese planteo, se reclamaría que al Banco de la Nación Argentina -dirigido por Silvia Batakis- se lo intime a dar cumplimiento al fallo y por ende, que comience a depositar diariamente el dinero equivalente al 2,95% no el 1,4% como sostiene el Poder Ejecutivo que continuará enviado a la Ciudad.
Dentro de la batería de medidas que se contemplan en estos juicios de ejecución, el Gobierno de la Ciudad no descarta además incluir un pedido de multas que se apliquen a los funcionarios que por orden de Alberto Fernández, decidieron desoír el fallo de la Corte Suprema. El fallo de la Corte menciona al ministerio del Interior, a cargo de Eduardo «Wado» de Pedro; y al de Economía, que encabeza Sergio Massa.
Recorrido del caso
La discusión terminó en la Justicia después de que Alberto Fernández, en septiembre de 2020, determinó a través de un decreto la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Esa medida después tuvo el aval del oficialismo desde el Congreso convirtiendo en ley esa reducción.
Así fue que CABA dejó de percibir 3,5% de los fondos coparticipables para comenzar a recibir 1,4%. Esa ecuación generó una merma en los ingresos que a la fecha asciende a 252.500 millones de pesos. La devolución de ese dinero es una discusión que aún está bajo análisis en la Corte Suprema.
clarin