Después de varios años, todos los obispos del país reunidos en asamblea decidieron pronunciarse sobre la situación del país. No es que la Iglesia no lo haya hecho durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero fueron declaraciones de instancias institucionales menores y, generalmente, por cuestiones puntuales. La excepción la constituyó el debate parlamentario por la legalización del aborto, donde la Iglesia presentó batalla.
La convicción de la difusión de un pronunciamiento del plenario no precedió el consenso entre el centenar de prelados . Primaba la creencia de que toda crítica iba a ser manipulada desde uno u otro lado de la grieta y que, en definitiva, se terminaría echando más leña al fuego de la pelea política. O que, sencillamente, nadie con poder la tomaría en cuenta, en un contexto de pérdida de peso político de la Iglesia católica.
Entre los que consideraban inconvenientes los documentos -salvo para hacer llamados al diálogo y la búsqueda de consensos como lo hizo en todos estos años- se contaba el propio presidente del Episcopado, Oscar Ojea. Y hubo otros como el titular de un área clave, la de Pastoral Social, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones , a quien se le adjudica excesiva complacencia con el peronismo.
Sin embargo, los que no fueron propuestos resultaron últimamente a repensar su posición. El agravamiento de la situación del país en varios frentes y la eventualidad de quedar ante la historia como haber guardado silencio los comenzó a interpelar .
Y terminaron de convencerlos las peleas en la propia coalición gobernante, que tiene la mayor responsabilidad, así como la pérdida de esperanza en la población.
Preocupación por las instituciones
Las primeras señales comenzaron en diciembre a raíz del desconocimiento del oficialismo de la decisión de la Corte Suprema que benefició al gobierno de la Ciudad ante un recorte de fondos coparticipables. El propio Ojea redactó una declaración en la que reclamó “el máximo respeto” a la Constitución y abogó por “dejar de lado todo (…) lo que ponga en riesgo la institucionalidad”.
En febrero los obispos del noroeste afirmaron que la democracia siempre debe basarse en “la división de poderes” y que no la hay plenamente “sin inclusión e integración de los pobres, excluidos y sobrantes de nuestra sociedad, que son cada día más”. Semanas antes, el mismísimo Papa Francisco había expresado su preocupación por la extendida pobreza y la alta inflación.
Finalmente, tras el asesinato del colectivero Daniel Barrientos los dos obispos de La Matanza denunciaron “territorios liberados o negociados” y “una guerra de pobres contra pobres” a la vez que advirtieron sobre “el riesgo de ser una sociedad que empezó a hacer justicia por su propia mano”, lo que generaría situaciones de injusticia y de violencia “aún más grandes”.
Así se llegó al plenario de esta semana donde las exposiciones de muchos obispos fueron elocuentes. Crecimiento de las necesidades básicas de la gente, expansión del narcotráfico no solo en Rosario y el Gran Buenos Aires, deserción escolar… Al punto que en el documento los obispos se preguntan: “¿qué hicimos con nuestra patria?”
Pero los obispos no quisieron quedarse en la mera denuncia, dicen en la declaración, “la bronca y el consejero no son buenos consejeros”, ni tampoco las “soluciones tan seductoras como inconsistentes”, en lo que se interpretó como una alusión a Javier Milei .
Por eso, piden a los gobernantes que escuchen “el sufrimiento del pueblo” y busquen con la oposición puntos en común, a la vez que exhortan la sociedad a «seguir confiando en el camino democrático con la esperanza de que todavía estamos a tiempo”.