El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico emitió dos medidas significativas que representan un revés para el Gobierno. En primer lugar, permitió que se habilite la feria judicial de enero para tramitar los amparos que cuestionan la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Gobierno de Javier Milei. Además, determinó que el fuero laboral sea el encargado de tramitar el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para detener las reformas laborales impulsadas por el Presidente.
Esta decisión contraviene los deseos del Gobierno nacional, que buscaba que ese tramo del proceso fuera llevado al fuero contencioso administrativo. No obstante, el Gobierno tiene la opción de apelar la medida.
El juez desestimó el amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y consideró que cada expediente debe tratarse de forma separada.
En relación a la habilitación de la feria judicial, Lavié Pico argumentó que la demora impuesta por el receso de enero en la tramitación de los casos supone un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos, los cuales no podrían ser protegidos de manera oportuna si se tuviera que esperar hasta el final de la feria judicial.
Lavié Pico es el juez de feria, mientras que Esteban Furnari es quien está a cargo del expediente y quien había decidido no abrir la feria.
La decisión de desestimar el amparo colectivo complica la estrategia del oficialismo. El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, buscaba que todos los reclamos se encapsularan en un solo expediente como parte del amparo colectivo.
Con la determinación de Lavié Pico, se podrán abrir diferentes casos, lo que implica que la presentación de la CGT se mantenga en el fuero laboral, que es propenso y cercano al sindicalismo. También este jueves, ese fuero habilitó un amparo presentado por la CTA, una organización cercana al kirchnerismo, para frenar la parte del decreto que se refiere a la reforma laboral.
El juez Lavié Pico también sostuvo que el decreto aborda asuntos muy diversos, por lo que su contenido puede ser tratado por diferentes fueros y no solo por los juzgados que se encargan de los temas contencioso administrativos. Esta decisión es precisamente lo que demandan la CGT y la CTA, quienes presentaron sus demandas ante la Justicia Laboral argumentando que el decreto afecta los derechos laborales.
Lavié Pico expresó: «La normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales, por lo que podrá, en su caso, examinarse -en los términos del artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional- de manera independiente y en relación con cada materia -en concreto- ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción».