En la primera semana de 2024, una decisión del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ha provocado una reacción significativa en la Legislatura. Orrego optó por eliminar dos puestos en una agencia provincial que habían sido propuestos por el bloque Justicialista en la Cámara de Diputados. Los afectados son Alberto Hensel y Andrés Chanampa, quienes habían sido nombrados para formar parte del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem).
La decisión de Orrego se comunicó a la Legislatura local a través de un decreto oficial del Poder Ejecutivo de San Juan. En este, se indicaba que el Gobernador se había abstenido de emitir el acto administrativo de designación de los miembros del Directorio del Ipeem.
En respuesta, los diputados del bloque Justicialista y del bloque Bloquista, ambos leales al senador Sergio Uñac, presentaron una notificación notarial para rechazar la decisión del Ejecutivo. Argumentaron que la resolución aprobada por la Legislatura es firme y, por lo tanto, debe producir todos los efectos jurídicos que emanan de ella. Según ellos, esto implica que el Gobernador debe realizar las designaciones notificadas.
Los legisladores del uñaquismo sostienen que la Cámara de Diputados realizó el tratamiento parlamentario y emitió una resolución, de acuerdo con lo establecido por la ley 387-A, artículo 5°, y también en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Provincial, artículo 189, inciso 4º. Según su interpretación, el gobernador no está autorizado para abstenerse de realizar la designación de los miembros del IPEEM, ya que la Cámara de Diputados ha cumplido con todo el procedimiento reglamentario y legal.
Finalmente, los seguidores de Uñac señalaron que la ley 387-A está vigente y su artículo 5° establece que los dos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados. Según ellos, la palabra “serán” es imperativa y no facultativa.
La notificación notarial