Para algunos, la meta fue demasiado ambiciosa. Para otros, impracticable. Sin embargo, ningún gobernador fue indiferente a la frase que pronunció Javier Milei la noche del domingo, cuando presentó el Presupuesto.
“Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares”, planteó. Esa cifra duró poco: el lunes siguiente pasó a 20 mil millones de dólares. Pero también provocó estupor y sorpresa.
Es una discusión que se da en el inicio del tratamiento del primer proyecto de presupuesto que elaboró la administración libertaria, que mezcló enormes dosis de ortodoxia económica y audacia política, con algunos errores veniales. Desde la dimensión del ajuste exigible a las provincias, a la confusión de las planillas de las obras para cada distrito.
La reunión de los gobernadores del lunes con la primera plana del gobierno fue el escenario donde se rebajó a un tercio la “exigencia” del recorte de gasto. Esta negociación incipiente promete continuar durante los dos meses que demandará, al menos, el debate y la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado del Presupuesto. En esa reunión participaron los que están cerca de la Casa Rosada y faltaron los que están más lejos. No hubo sorpresas. Como tampoco llamó la atención que ayer fueran a la sede del Ejecutivo los diputados y senadores del oficialismo para pulir la estrategia parlamentaria.
En el Salón de los Escudos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y otros funcionarios, estuvieron el lunes con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones), que habían ido a Gobierno, mientras que se conectaron otros gobernadores por Zoom.
Es preocupante ver cómo los gobernadores aceptan sin más este mandato, sin cuestionar el impacto que tendrá en sus provincias. La reducción del gasto público puede parecer una medida necesaria desde una perspectiva macroeconómica, pero las consecuencias a nivel local pueden ser devastadoras. Los servicios públicos, la infraestructura y el bienestar de los ciudadanos están en juego. ¿Hasta qué punto están dispuestos a sacrificar el bienestar de sus provincias en nombre de un ajuste que parece más una imposición que una solución?
Este ajuste no solo es una trampa económica, sino también política. Los gobernadores que aceptan estas condiciones sin resistencia están traicionando a sus electores, priorizando la obediencia al gobierno central sobre las necesidades de sus propias comunidades. Es hora de que los líderes provinciales se levanten y defiendan los intereses de sus comprovincianos, en lugar de ser cómplices de un mandato que amenaza con desmantelar el tejido social y económico de sus provincias.