Son doce acciones. No se pronunció y pidió opinión del Ejecutivo.
La jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal, María Servini de Cubría, abrió el procedimiento de cinco amparos y siete acciones de “declaración de certeza” sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno en el Consejo de la Magistratura.En los doce casos, dijeron fuentes judiciales, la magistrada “corrió traslado” de las demandas al Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es decir, antes de decidir sobre el fondo de la cuestión, quiere saber la opinión del Gobierno sobre los planteos judiciales llegados a su estudio.
En ninguno de los casos la jueza adoptó medida cautelar alguna por el momento.
Esto significa que decidió no paralizar la reforma preventivamente, como pidieron algunos de los demandantes.
“Dada la naturaleza de la acción interpuesta en autos, de carácter rápida y expedita, no corresponde –por el momento– expedirse en relación a la medida cautelar intentada”, escribió la magistrada al resolver la admisión del amparo presentado por la agrupación Gente de Derecho, liderada por el presidente del Colegio Público de Abogados (CPACF), Jorge Rizzo.
La fórmula se repite en las otras once presentaciones en las que resolvió de igual manera. Es decir, Servini no dictó cautelar alguna pero abrió el proceso para estudiar el fondo de la cuestión. “Una cautelar se puede dictar en cualquier momento del proceso”, explicó una fuente judicial.
Los amparos abiertos por la jueza son los planteados, además de Rizzo, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Unión por Todos (el partido de la diputada Patricia Bullrich), la también diputada Elisa Carrió y Carlos Tortora, del Partido El Movimiento.
Entre las siete acciones declarativas de certeza (otra vía procesal en lugar del amparo para llegar al mismo fin: que se declare la inconstitucionalidad de la reforma) que serán estudiadas por la jueza se encuentran las del radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP).
Todas las acciones judiciales apuntan a lograr la inconstitucionalidad, básicamente, de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, amplía de 13 a 19 su número de miembros y obliga a jueces y abogados a “colgarse” de las boletas de los partidos políticos para acceder a cargos de consejeros de la Magistratura.
De acuerdo con los demandantes, la ampliación de integrantes del organismo rompe el “equilibrio” del que habla la Constitución entre los distintos estamentos representados en el Consejo. Además, justamente, dicen que jueces y abogados deben ser elegidos por sus pares porque son sus “representantes” en el organismo.
Estos casos se suman a los ya abiertos por la Justicia federal en la provincia de Córdoba.