POR LUCIO FERNÁNDEZ MOORES/clarín
Decidió que el juez Casanello lo anexe a la causa por lavado de dinero. Al Gobierno le convenía lo contrario.
La denuncia de la líder del ARI Elisa Carrió sobre el presunto vaciamiento de la supuesta bóveda de la chacra del empresario kirchnerista Lázaro Báez finalmente será investigada en la Capital Federal.
Así lo resolvió ayer la sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. La denuncia había sido remitida hace dos semanas por el juez federal Sebastián Casanello al juzgado federal de Río Gallegos.
Pero la por entonces jueza subrogante Ana Cecilia Alvarez, en una de las últimas decisiones tomadas antes de abandonar el cargo y ser reemplazada por una conjueza con lazos kirchneristas, Andrea Askenazi, la devolvió a Buenos Aires por defectos formales.
Ahora, la Cámara Federal porteña sostuvo que debe ser investigado junto con la causa principal que se le sigue a Báez y otros imputados por presunto lavado de dinero, en la que ayer lograron postergar la indagatoria Leonardo Fariña y Federico Elaskar (ver aparte).
Los camaristas porteños resolvieron que “los episodios” denunciados por Carrió dos semanas atrás “ en tanto guardan relación con el objeto procesal y con la prueba de esta causa deben ser investigados por el titular del Juzgado Federal Nro 7 de esta ciudad”, en referencia a Sebastián Casanello, a cargo de la causa principal.
Los camaristas actuaron por la apelación planteada por el fiscal Guillermo Marijuán, a quien Casanello no le había pedido opinión sobre si la causa debía quedarse aquí o ir a Río Gallegos. En esta ciudad igualmente hay otra investigación similar, aunque hasta la semana pasada no tenía el requerimiento de la fiscal federal Patricia Kloster.
Los camaristas recordaron que en la causa principal se investiga “las maniobras realizadas desde la firma SGI Argentina tendientes a sacar divisas del país, mediante el armado de estructuras societarias bancarias en el extranjero, radicadas en Belice y Panamá y la utilización de cuentas bancarias con asiento en Suiza y Uruguay”.
Además destacaron que Marijuán “apunta que la instrucción se sigue contra el posible lavado de activos que habría acontecido llevando a cabo el traslado de grandes sumas de dinero a esta Capital Federal desde el sur del país, para luego embarcarlas a otras naciones y desde allí -o desde la propia Capital- transferirlas a cuentas bancarias de distintos lugares del mundo y a nombre de sociedades creadas al efecto”.
“Entonces, y en tanto la presentación en cuestión da cuenta del posible desmantelamiento de una bóveda en el sótano de una chacra y el traslado de valijas con dinero y documentación a otra estancia -ambas de propiedad de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz-, a partir del análisis del objeto procesal reseñado no puede sino coincidiese con la pretensión fiscal en cuanto a que no corresponde separar tales hechos de la investigación principal”, concluyeron los camaristas, para quienes hay “una directa vinculación” entre un hecho y el otro investigado.
Carrió había acompañado su denuncia con más de 200 fotografías del supuesto desmantelamiento, presuntamente tomadas por un empleado de Báez en Austral Construcciones, Sergio Triviño. Ello habría ocurrido después de la primera emisión 2013 del programa Periodismo Para Todos.