La quiebra de la empresa Tascheret SRL sale del proceso típico. Con dieciséis años de litigio y con cuatro frentes judiciales abiertos, la constructora que fue fuerte en épocas del gobierno de Gómez Centurión, tomó un crédito por cuatro millones de pesos dólares que nunca pagó, se fue a la quiebra y demandó al Estado por daños en un proceso en el cual la provincia se defiende con toda la jurisprudencia existente. Además, se generó un conflicto entre la provincia y el Banco San Juan por los honorarios de los abogados de la entidad que pretende sean pagados por el Estado.
Además, el juez y el síndico no habrían cumplido con la disposición de la sentencia de llevar a cabo el proceso liquidativo cuando la provincia había hecho uso de la opción de delegar en ellos el remate de los bienes, por lo que ahora se ha pedido se los investigue penalmente.
La causa se remite al año 1996 cuando la provincia inició el juicio de ejecución prendaria por un crédito otorgado a través del Banco San Juan cuando era manejado por el Estado, cuyo monto ascendía a 4 millones de pesos dólares. Ante la imposibilidad de cumplir el compromiso se presentó en concurso de acreedores y posteriormente el propio síndico pidió la quiebra. La provincia delegó en el síndico y el juez para que remataran los bienes dentro del proceso liquidativo fijándose fecha de remate, lo que nunca se ejecutó.
diario la ventana