La Justicia ordenó ayer un estudio sobre las aguas del río Jáchal para investigar la denuncia de contaminación contra la minera Barrick Gold y funcionarios nacionales acusados de no haber controlado debidamente a la compañía.
El juez federal Sebastián Casanello le encomendó «con suma urgencia» al Instituto Nacional del Agua «un estudio de su especialidad en distintos puntos de las aguas del río Jáchal, como también de sus afluentes y confluentes -provincia de San Juan y vecinas-, a fin de constatar si en las mismas se halla la presencia de cianuro».
El derrame fue admitido por la compañía Barrick Gold, que sostuvo que no generó un impacto en la salud de las personas. Lo adjudicó a una falla en una válvula.
Además de cianuro, Casanello le solicitó al Instituto Nacional del Agua que buscara «otras sustancias que podrían ser peligrosas para la salud de las personas y/o el ambiente» y que consignara «si los valores detectados exceden los límites determinados por la normativa como los parámetros utilizados por ese organismo». El Instituto Nacional del Agua es un «organismo científico tecnológico descentralizado» que depende del Ministerio de Planificación. Intervino también en la causa por la contaminación del Riachuelo. El juez además le pidió que el estudio de Jáchal incluyera un análisis de «impacto ambiental» y un informe sobre la variación de los «registros históricos» del río.
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El análisis había sido propuesto por Ramiro González, que es el fiscal de esta causa y es titular, además, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).
Este expediente se inició formalmente la semana pasada, cuando González presentó su requerimiento de instrucción. En ese documento, apuntó contra los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; el secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello; el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, y las autoridades de la empresa Barrick.
En aquel requerimiento, el fiscal González le pidió a Casanello varias medidas de prueba, que incluyen este estudio sobre el río. También, que se le reclamaran al gobierno de San Juan las autorizaciones de exploración en la mina en favor de la empresa Barrick y que la firma explicara qué medidas se adoptaron a partir del accidente. Asimismo, el fiscal pidió que se solicitaran informes al Ministerio de Salud de la Nación para saber qué medidas se adoptaron para salvaguardar la salud de las personas que pudieran haber sido afectadas por el derrame de la solución de cianuro.
El estudio sobre las aguas del Jáchal fue dispuesto «con suma urgencia», para preservar cuanto antes las muestras que servirán de prueba en esta causa. Paralelamente, hay otros expedientes vinculados: uno impulsado por el fiscal federal Federico Delgado, también en Buenos Aires, y otro que se tramita en la justicia de San Juan.
AMIA: ratifican los US$ 400.000
Al declarar como imputada en el juicio AMIA II, la ex mujer de Carlos Telleldín, Ana Boragni, confirmó el pago de 400.000 dólares dos años después del ataque de 1994 y apuntó a la SIDE al afirmar que «todos fuimos títeres de un gobierno corrupto y de una mierda de SIDE»; además, calificó al fallecido fiscal Alberto Nisman de «ratita» que «se arrastraba para quedarse con la causa».
fuente LA NACIÓN