El Gobierno dio ayer el primer paso en la revisión de los nombramientos masivos de empleados públicos que concretó el kirchnerismo en los últimos años: evaluará 64.000 contratos temporarios más unos 11.000 concursos públicos (2500 que ya son efectivos). Un total de 75.000 designaciones.
El primer paso para determinar la «legalidad» del empleo público se ejecutará sobre los 24.000 empleados que tenían contrato hasta el 31 de diciembre. El Gobierno extendió por tres meses más su relación laboral para evaluar su desempeño.
Este primer grupo está compuesto por los contratos celebrados en los últimos tres años, mientras que a otros 40.000 empleados transitorios -pero con más antigüedad- se les extendió el contrato por un año más, período en el que también se analizarán sus tareas en el Estado.
«Nos llama la atención que la cantidad de contratos creció mucho, por eso vamos a revisarlos. No vamos a poner ningún tema ideológico de por medio», dijo a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
El promedio de contratos a empleados públicos del kirchnerismo aumentó con el paso de los años. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se celebraron 2056 contratos promedio, pero ese número se elevó a 7840 en los últimos tres años, informaron desde Modernización.
«Tenemos que clarificar si efectivamente están trabajando, qué tareas están haciendo, dónde están sus puestos de trabajo. No podemos hacer un Estado moderno y fuerte si primero no tomamos las medidas de ordenamiento necesarias», afirmó Ibarra. Y agregó: «Vamos a realizar un trabajo serio y profesional en los próximos meses. Si consideramos que no corresponde, esas personas no seguirán trabajando en el Estado».
No será la primera vez que el macrismo se enfrente con este desafío. El propio Ibarra ejecutó un plan similar en la gestión porteña, que culminó con 2000 contratos que no se renovaron. «Lo que pasó en los últimos tres años fue muy particular. Creemos que pudo haber habido intencionalidad política del kirchnerismo», sostuvo un macrista que participará del proceso.
En los primeros expedientes revisados, el Gobierno detectó una tendencia de nombramientos masivos de personal no médico en hospitales nacionales. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, las nuevas autoridades analizarán con especial atención los casi 3500 nombramientos que se hicieron en el hospital Posadas durante los últimos tres años.
Se trata, justamente, de una de las instituciones más problemáticas. La ex presidenta Cristina Kirchner ordenó su intervención en abril y desde ese momento es conducido por Domingo Latorraca, un hombre cercano al ex intendente de Morón Martín Sabbatella, que actualmente resiste en la Afsca.
Evaluación para empleados
Desde el Ministerio de Modernización aclararon que el análisis sobre los primeros 24.000 empleados públicos se realizará «caso por caso» y que será ejecutado por las oficinas de recursos humanos de las distintas dependencias. Habrá una evaluación de desempeño. «Cuando se entera, la mayoría que está en falta ni se presenta», advirtieron fuentes oficiales.
Horas después del anuncio, el ministro Ibarra recibió ayer la primera advertencia. La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios mayoritarios de la administración pública, anunció un paro nacional con movilización para el martes próximo.
Hugo Godoy, secretario general del gremio, afirmó que los trabajadores precarizados «son una prioridad» para el sindicato y manifestó una «gran inquietud y preocupación porque el Gobierno no genera espacios de diálogo».
«Nos oponemos a que la principal preocupación sea la caza de fantasmas o militantes, porque no importa cuánta sea la cantidad ni su militancia, lo que importa es si los trabajadores realizamos la tarea como corresponde», sostuvo Godoy.
Ante la consulta de LA NACION, el titular de ATE dejó abierta la puerta para cancelar el paro de la semana próxima si el oficialismo convoca a los sindicatos. «Necesitamos el diálogo de manera inmediata», exigió. El ministro Ibarra aclaró que está previsto el encuentro con los estatales, pero advirtió: «Vamos a convocarlos a conversar, pero trabajamos con agenda propia».
fuente LA NACIÓN