RÍO GALLEGOS.- Después de cuatro días sin cortes, los trabajadores de Austral Construcciones volvieron ayer a los piquetes en las rutas santacruceñas como reclamo por el conflicto salarial que tienen con el dueño de la empresa, Lázaro Báez, quien le advirtió de la crisis al gobierno provincial de Alicia Kirchner mediante un telegrama.
Durante todo el día, sobrevoló el fantasma de los despidos de la empresa constructora más beneficiada de la Patagonia por la gestión kirchnerista. Alrededor de 1700 obreros están en vilo por su empleo. Al cierre de esta edición, fuentes gremiales confirmaron que aún los trabajadores no habían sido notificados sobre su futuro.
El clima se agitó cuando a primera hora desde el gobierno provincial acusaron a Báez de «confundir a la población, siendo lo más doloroso que se juegue con los trabajadores con burdos pretextos». El gobierno lo hizo a través de un comunicado, en el que se replicaba el supuesto contenido de los telegramas que habría enviado Báez.
Desde la Secretaría de Trabajo afirmaron: «No es posible legalmente, que la Secretaría de Trabajo asuma las responsabilidades que pretende delegar la empresa». Y en el mismo sentido expresa que «no tiene facultades legales para convertirse en agente de cobro ante Vialidad Nacional, ni de pago ante los empleados de la empresa deudora».
Báez había alegado que no les podía pagar los sueldos a los trabajadores por deudas que le había dejado el gobierno anterior.
Sobre las deudas de Báez, el ministro de Transporte, el macrista Guillermo Dietrich, aclaró:»En noviembre la factura de Báez fue de 400 millones de pesos, que es la que reclama y todavía no venció».
Además, el funcionario nacional aseguró que la deuda era con el gobierno provincial. Y anunció la intervención al distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, el organismo al que Báez le reclama la presunta deuda.
Por su parte, en Caleta Olivia la jueza federal Marta Yáñez solicitó el envío de las fuerzas de seguridad nacionales para que restablezcan la libre circulación en la ruta nacional Nº 3, bloqueada por militantes de la Uocra, estibadores y petroleros.
fuente LA NACIÓN