Frente a un muy numeroso grupo de jueces federales, dato que confirmó su poder de convocatoria, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , aseguró que «desde hace muchos años, para el tribunal, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas es política de Estado».
«Tenemos la obligación de investigar y los ciudadanos tienen derecho al conocimiento de cómo evolucionan las causas», dijo Lorenzetti, que presidió un acto junto a sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
Lorenzetti había convocado a todos los jueces federales para hacer pública la decisión de crear, junto con la Cámara Federal y otros tribunales, tres bases de datos donde se volcarán, en forma constante, los nombres de los funcionarios imputados en casos de corrupción y los delitos por los que se los imputa; los nombres de las personas y grupos involucrados en causas de narcotráfico, sistematizados por un nuevo observatorio, y también los casos sobre trata de personas.
Pero, más allá de esos anuncios, el peso específico de la presentación que encabezaba Lorenzetti estaba dado por las características del público presente.
A nadie se le escapa que la Corte está en un proceso de recomposición y que, en no más de dos meses, desembarcarán en el alto tribunal -si el Senado aprueba los pliegos- dos jueces propuestos por Mauricio Macri: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Entre los magistrados se destacaban en primera fila Claudio Bonadio , quien minutos antes acababa de procesar al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a los ex ministros de Salud Juan Manzur y Daniel Gollán por supuestas irregularidades en el plan Qunita; Ariel Lijo, que lleva adelante la causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou , y todos los jueces de la Cámara Federal porteña.
Estaban presentes todos los jueces de la Cámara Federal de Casación, incluido el kirchnerista Alejandro Slokar; los de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, y los de primera instancia Julián Ercolini, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello. La única ausencia notoria fue la de María Servini de Cubría.
También estuvieron la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado; el de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, y el de Campana, Adrián González Charvay. Y por el Consejo de la Magistratura concurrieron su presidente, Miguel Piedecasas, y sus colegas Luis Cabral, Gabriela Vázquez y Adriana Donato.
«La corrupción corroe las instituciones, afecta la credibilidad y es uno de los aspectos centrales sobre los que los jueces tenemos que cumplir con nuestra obligación», sostuvo, mientras entre el público lo escuchaban Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y Santiago Otamendi, secretario de Justicia.
Una política permanente
Lorenzetti quiso dejar en claro que esta iniciativa no conlleva ningún mensaje contra la ex presidenta Cristina Kirchner ni contra su sucesor, Mauricio Macri .
Por eso, dijo que en la causa «Arriola», resuelta en 2009, la Corte hizo una «distinción entre consumidores, a los que hay que darles un tratamiento terapéutico, y la obligación de los organismos de seguridad de que investiguen la distribución de drogas que hacen las organizaciones criminales. La mayoría de las causas que llegan a los tribunales son de consumo, y ésta es una tendencia que hay que cambiar». Por otro lado, aseguró que «es una vergüenza para todos como país que siga habiendo trata de personas», tras lo cual le cedió la palabra a la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, quien definió los mismos lineamientos de publicidad y seguimiento de expediente que para con los otros delitos.
Finalmente, «con respecto a las causas por narcotráfico, se desarrollará además un observatorio para mejorar la eficacia del Poder Judicial y entrecruzar todos los datos», como nombres de imputados y grupos criminales que se investiguen en todo el país.
fuente LA NACIÓN