La Secretaría de Comercio fue un epicentro del poder kirchnerista, por donde peregrinaron los empresarios más poderosos del país, cargados de documentos y pedidos. Durante años se acumularon toneladas de carpetas con información sensible de la economía argentina. No quedó nada.
Comercio es otro de los casos que se suma a la lista de reparticiones en las que el nuevo gobierno encontró caos y superpoblación.
El edificio de Comercio, a pocos metros de la Plaza de Mayo, aún da cuenta del plan de destrucción de documentos del Estado que se ejecutó antes del 10 de diciembre. Oficinas vacías, miles de expedientes paralizados, intentos de borrar servidores, pisos enteros sin sillas, empleados reasignados para que no se conozcan sus funciones anteriores y decenas de máquinas para destruir papel son parte del inventario que quedó de las gestiones de Guillermo Moreno y Augusto Costa.
En el organismo ingresaron 639 empleados en los últimos dos años, lo que significa un 70% de aumento de personal. Así, el plantel llegó a 1500 personas. «No existen tareas que ameriten semejante expansión», dijo una fuente de la cartera, en la que se realiza una revisión pedida por el secretario Miguel Braun. A diferencia de otras áreas del Estado, la gente que obedecía a Costa venía a trabajar y cumplía con su horario.
Todavía estaban contratadas 41 personas cuya función era aportar información comercial a Moreno en su puesto en la embajada en Roma.
Todo sucedió entre la segunda vuelta y el día de asunción. El 23 de noviembre, un día después de la elección en la que Mauricio Macri fue elegido presidente, una camioneta Trafic blanca que no pertenece al parque automotor de la Secretaría fue cargada con expedientes que salieron del edificio. Después llegaron los días de destrucción.
Varias trituradoras de papel se instalaron en el edificio. En las oficinas hay decenas de máquinas domésticas -poco más grandes que una impresora- que cortan el papel en tiras. Además, al menos tres máquinas del tamaño de una heladera quedaron en el acerbo. Se trata de trituradoras profesionales, que cortan el papel en varios sentidos y que hacen imposible la reconstrucción de los documentos. Cuentan en los pasillos que trabajaron duro los últimos días. Algo se pudo apreciar: bolsas de consorcio llenas de picadillo de papel formaban parte del mobiliario el 10 de diciembre.
Pese a que dos días antes de asumir el equipo entrante se reunió con el saliente, no hubo transición. Costa y su gente prometieron colaborar. Dijeron que el equipo que se encargaba de la aprobación manual de cada importación ya había renunciado. Contaron que dejaron abiertos los códigos de las tres computadoras que gestionaban todos los pedidos de importación. Dos días después, el nuevo equipo se encontró con que la información de las tres computadoras había sido borrada. Tampoco quedó registro sobre cuál habían sido el criterio, los montos y los tiempos para aprobar importaciones.
Un técnico de informática del Ministerio de Economía contó que había estado en seis reuniones en las que le preguntaron, y luego le pidieron, borrar los backups y servidores que guardaban toda la información sensible que entonces se colectaba en las planillas que se llenaban online. Fue recién en el último encuentro cuando se le pidió que borrara los registros. El hombre pidió una carta firmada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Nunca llegó el pedido con la rúbrica y aquella previsión del hombre de sistemas terminó por salvar información vital para la nueva gestión.
Además de las 638 personas que ingresaron en los últimos dos años, hay 41 que tienen ciertas particularidades. Se trata de «la agregaduría», una oficina que funcionaba en el edificio que queda al cruzar la Diagonal Sur y que tenía tareas de apoyo al trabajo de agregado comercial que Guillermo Moreno mantenía en la embajada de Italia. El ex funcionario dejó un listado de personas que debían mantener sus contratos durante su exilio romano. Se acomodaron en un oficina y no tenían ninguna función. Cobraban un sueldo mensual como asesores en materia comercial. Según fuentes de la Secretaría de Comercio Interior, a ninguno se le renovó el contrato.
Entre los empleados había algunos prominentes hinchas de fútbol. Por caso, varios integrantes de la barra de River fueron detectados en el plantel. No faltaron enfrentamientos y aprietes cuando se enteraron de que se terminaban sus contratos. Uno de los hinchas millonarios que ya no tienen vínculo laboral es Víctor Videla, alias «Toddy», un conocido en la tribuna riverplatense que alguna vez estuvo detenido por el crimen de Gonzalo Acro.
La gestión de la oficina es lo que más llamó la atención. Fuentes de la Secretaría admiten que, según lo que se pudo reconstruir, el procedimiento para decidir cuál importación se permitía era discrecional y artesanal. Un equipo de 14 personas, que se hacían llamar operador uno, dos… hasta 14 (para que los importadores no supieran los nombres), ocupaban un despacho a cinco metros del de la Secretaría de Comercio Exterior y decidían de manera manual y caso por caso cada importación. Esa oficina estaba vacía y los operadores y sus computadoras habían sido distribuidos en distintas oficinas en el edificio a modo de camuflaje burocrático. Poco a poco, los buscan y no les renuevan el contrato.
Hay 1800 expedientes parados que esperaban aprobación para reexportar mercadería y 30 parados intencionalmente en los que jamás se autorizó la importación de líneas de producción. Alrededor de 70 carpetas de ventas al exterior de plantas llave en mano y 130 de importación de líneas de producción usadas esperaron, en vano, que llegara la firma salvadora. Ahora, aquella espera paciente cambió por ansiedad. Y todos golpean la puerta.
fuente LA NACIÓN