Después del aumento de tarifas de servicios públicos, el Gobierno decidió avanzar en alternativas para moderar el impacto de las subas en algunos sectores que considera menos preparados para enfrentarlas. Esa fue la conclusión a la que llegaron el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Entre hoy y principios de la semana próxima se definirán los mecanismos que se utilizarán para cumplir con esa decisión.
Hoy por la tarde se reunirán el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, con Aranguren para avanzar en la implementación de las medidas, confirmaron dos fuentes oficiales a LA NACION. Entre las alternativas que más aceptación tienen figura la implementación de un nuevo subsidio a favor de entidades específicas, como escuelas, universidades y clubes de barrio, para que puedan de esa manera moderar los efectos del aumento del gas sobre sus costos. Sin embargo, el Gobierno no aceptará una reducción de la tarifa que pagan hoy esos establecimientos para no ocultar el precio real de la energía.
También con la intención de mantener claramente separados los costos del gas y la ayuda a esas organizaciones, el Gobierno considera que los subsidios deben provenir de las carteras que atienden a cada área, pero no del Ministerio de Energía, como ocurrió en el kirchnerismo (en aquel caso los subsidios corrían por cuenta del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido).
En otros términos, la cartera de Aranguren seguirá definiendo una política tarifaria orientada a «sincerar» el precio del gas (pese a los aumentos, varios sectores de la demanda pagan aún por debajo de lo que cuesta el servicio), mientras que otros ministerios, como Educación, asistirán con subvenciones a quienes tengan problemas.
Algo similar ocurrirá con las Pymes, que le llevaron de manera airada el reclamo al ministro de Producción, Francisco Cabrera, que se encargará de asignar subsidios si prospera una de las alternativas que evalúa el Gobierno. Entre ellos estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Kaufmann. «Hay muchas quejas de las Pymes electrointensivas; son quejas concentradas en las empresas que más consumen electricidad», afirmó. Según sus números, de 115.000 socios, hay unos 6900 con problemas, como las industrias de ferroaleaciones.
Estamos trabajando en un registro de empresas pymes electro-intensivas», confirmó Cabrera a LA NACION, en un encuentro con empresarios el martes pasado. Aunque se excusó de dar más detalles, un funcionario que trabaja junto a él sostuvo: «Estamos trabajando con el Ministerio de Energía para identificar temas sectoriales y definir un criterio. Va a salir rápido, pero estamos analizando qué tipo de análisis de respuesta se le puede dar a esta situación».
Además, el lunes habrá una reunión entre Aranguren y los gobernadores de varias provincias para definir alternativas que permitan reducir el impacto de los aumentos tarifarios en las localidades más frías del país.
Los representantes de las provincias llegarán al encuentro con una batería de presentaciones judiciales que fueron presentadas en las últimas semanas para frenar las subas del gas.
El frente político también comenzó a complicar el futuro de los aumentos. La diputada Margarita Stolbizer y Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres, presentaron ante la Justicia una medida cautelar contra el Ministerio de Energía y Minería, el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y Metrogas. Hasta ayer, la empresa no había sido notificada. Y se esperanzaba con que en Mar del Plata un juez ya rechazó un pedido similar.
fuente LA NACIÓN