La multitudinaria Marcha Federal que organizaron las dos CTA el viernes pasado aceleró en la CGT unificada un debate interno sobre la viabilidad de activar en el corto plazo un plan de lucha, que contempla un paro nacional en la primera quincena de octubre.
La definición y la modalidad de la protesta se concretará el 23 de este mes. Para ese día la nueva gestión cegetista convocó a sus 124 gremios adheridos a discutir sobre el rumbo político y económico, y decidir qué postura tomar ante la Casa Rosada.
Sin embargo, la CGT dio ayer señales de que la medida de fuerza es casi impostergable. Hubo tres hechos que grafican la escalada en el vínculo con el Gobierno: la formalización de un acuerdo con agrupaciones sociales que incluyen a trabajadores precarizados, informales, desocupados y piqueteros; el rechazo legislativo a los proyectos oficiales sobre empleo joven y reforma de las ART, y el cada vez más tenso cruce retórico entre gremialistas y funcionarios.
«El paro es una cuestión de tiempo. Ya no se puede frenar. Salvo que el Gobierno tenga una reacción que no visualizamos», dijo a LA NACION un integrante de la cúpula cegetista.
El triunvirato que encabeza la central obrera peronista también va en esa dirección. Juan Carlos Schmid admitió una «relación tensa» con el Gobierno. Carlos Acuña acusó al presidente Mauricio Macri de «estar parado del lado de los empresarios». Mientras que Héctor Daer reconoció que este mes podría definirse una protesta y desestimó una tregua a cambio de eximir el medio aguinaldo de los alcances del impuesto a las ganancias o a la habilitación oficial para negociar un bono de fin de año para compensar la inflación. «La situación es más de fondo. Hay que corregir el comercio exterior porque las importaciones impactan en el empleo y la producción local», argumentó Daer.
Sin liderazgos tan fuertes como el de Hugo Moyano, la CGT unificada se respalda sobre una estructura más horizontal, en la que la toma de las decisiones es ahora sometida a un debate previo. Así, la central obrera avanza hacia un nuevo perfil, tal vez más político y estratégico que en otras oportunidades. La nueva fisonomía se reflejó en algunas acciones, como la de ayer con los movimientos sociales o el acuerdo de la semana pasada con el bloque mayoritario del Senado, el Frente para la Victoria, para que no avancen los proyectos de ley que consideran que pueden atentar contra los intereses de los trabajadores. En la misma línea, la semana próxima habrá encuentros con intendentes y gobernadores del PJ, y una tropa sindical visitará a un grupo de obispos en la Pastoral Social.
El encuentro de la CGT con los referentes de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de la Economía Popular y el Movimiento Evita estuvo guiado por las coincidencias por primera vez en décadas. Se hizo hincapié en la situación social y en la necesidad de representar a los desocupados y a los trabajadores informales. La sintonía fue tal que la CGT les cedió para el 24 de este mes el salón Felipe Vallese para una actividad social.
«Hay que construir poder popular», dijo Omar Plaini delante de los dirigentes sociales. El estatal Andrés Rodríguez deslizó que el Gobierno los quiere condicionar con leyes y el impuesto a las ganancias. Los dirigentes sociales, en tanto, ratificaron que apoyarán un eventual paro.
El impacto de la Marcha Federal, a la que adhirieron decenas de gremios cegetistas, entre ellos los camioneros de Moyano, será uno de los temas centrales que se discutirán hoy en la reunión de consejo directivo. En Azopardo 802 habrá una suerte de autocrítica por haberse mantenido ajenos a una movilización que se expresó contra la caída del empleo y el ajuste. El único alivio será que la Marcha Federal estuvo identificada con el kirchnerismo, algo de lo que hoy todos los gremialistas huyen.
Los ceteístas Pablo Micheli y Hugo Yasky se cuidaron de no romper puentes con la CGT. Presionaron para convocar un paro y reeditar «la unidad» que se activó el 29 de abril pasado para exigir una ley antidespidos. Las negociaciones están activas.
El Gobierno apuró gestos para distender el vínculo. El lunes informó que habían sido depositados $ 1500 de los 2700 millones acordados con la CGT para las obras sociales. Jamás este tipo de transferencias fueron divulgadas. El otro gesto lo tuvo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que abrió las puertas a posibles modificaciones en el proyecto de ley sobre empleo joven, al que los gremios se oponen por considerar que es un intento de «flexibilización laboral».
fuente LA NACIÒN