Duras críticas de la oposición y de los ex combatientes. Apoyo de los kelpers. Y una fuerte defensa del Gobierno. Todo esto cosechó en menos de 24 horas el amplio acuerdo de cooperación que firmó la Argentina con Gran Bretaña, en el que se incluye la reanudación de los vuelos del continente a las islas Malvinas y la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto.
Si bien en la Cancillería ayer aseguraron que el acuerdo que selló Susana Malcorra con el vicecanciller británico Alan Duncan es «apropiado y proclive a una nueva etapa de diálogo», desde la oposición y entre grupos de ex combatientes de la guerra de 1982 llovieron críticas al acuerdo por no incluir un reparo al reclamo de la soberanía argentina sobre el archipiélago.
Ayer, el vicecanciller Carlos Foradori defendió el acuerdo firmado por el Gobierno con Londres al sostener que «permitirá acercarnos más al objetivo de Estado constituido en recuperar el ejercicio de la soberanía sobre Malvinas». Foradori dijo a LA NACION que el acuerdo firmado con Gran Bretaña «es la ratificación de un gobierno que tiene una apertura al diálogo». También dejó en claro que «no hay ninguna cesión de derechos de soberanía» en el texto ya que está previsto que ninguno de los temas abordados será usado para el debate de la soberanía.
Por otra parte, fuentes calificadas del Palacio San Martín destacaron que el documento firmado por Duncan y Malcorra «no se trata de un acuerdo, sino de un comunicado conjunto que describe principios y relata intenciones. Para cada caso y para cada cuestión, ya sea sobre los recursos naturales, la identificación de los cuerpos de los caídos o la conexión de los vuelos, deben acordarse en convenios formales, lo que ameritará reuniones, conversaciones y negociaciones previas y de especial consideración», dijeron. También desde la Cancillería dijeron que el acuerdo «servirá para enseñar que no tenemos apetencias indiscriminadas, sino que buscamos justicia de la mano del diálogo».
Pero no opinaron lo mismo los ex combatientes de guerra y la oposición. Ernesto Alonso, secretario del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, uno de los centros más numerosos y activos del país, dijo ayer que «el Gobierno está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al alejarse del mandato constitucional de ratificar la soberanía sobre las Malvinas». Alonso adelantó que están evaluando la posibilidad de presentar una denuncia judicial contra Macri y Malcorra por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la oposición también hubo duras críticas al acuerdo de Malcorra y Duncan que contempla la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona de Malvinas y el restablecimiento de un vuelo desde las islas al continente, entre otras cosas.
Así, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde , expresó: «La ambición personal por obtener un cargo no puede justificar el renunciamiento a la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. No es admisible que entreguemos nuestros recursos pesqueros y petroleros por un voto en las Naciones Unidas», sostuvo Recalde en referencia a la candidatura a la Secretaría General de la ONU, a la que aspira Malcorra.
A su vez, el diputado socialista de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Zabalza, dijo a LA NACION que «no se justifica de ninguna manera el apuro por firmar esta declaración con el Reino Unido, que ni siquiera ha sido informada al Parlamento, tratándose de una cuestión inherente y sensible al interés nacional». Además Zabalza dijo que «se aceptó erróneamente no hablar de soberanía».
Por el contrario, el gobierno de Malvinas manejado por los kelpers dio la bienvenida al acuerdo sobre futura cooperación entre el Reino Unido y la Argentina y destacó que «la soberanía de las Falklands [Malvinas] no será parte de estas conversaciones».
fuente LA NACIÒN