El fiscal a cargo de investigar al presidente Mauricio Macri por su aparición en los Panamá Papers, Federico Delgado, reclamó ayer que se cite a declarar al funcionario de la Cancillería que debe impulsar los exhortos diplomáticos, ante la falta de colaboración desde Brasil, lo que traba la pesquisa local.
Delgado solicitó también al juez federal Sebastián Casanello que indague si en el fuero en lo penal económico tramita alguna causa por presunta evasión tributaria contra los Macri o alguna de sus empresas, para verificar si hay datos que puedan resultar valiosos para el expediente que instruyen o, de ser necesario, remitir la causa a un juzgado de ese fuero.
El reclamo del fiscal Delgado expuso así las dificultades que afronta el rastreo de operaciones comerciales, societarias y financieras transnacionales, tanto por la opacidad propia de algunas de esas operaciones -en especial, en Brasil y Bahamas- como también por el abanico de años que involucra.
«Si bien el proceso de reconstrucción de los hechos se nutre de fuentes locales», argumentó Delgado, «es necesario insistir en el aspecto internacional porque, en definitiva, es preciso reconstruir con la mayor precisión posible el mapa societario para definir cuestiones relevantes para el proceso como, por ejemplo, la ley aplicable».
«Determinados elementos deben ser enviados desde el exterior», abundó el fiscal, al fundamentar el planteo que envió al juez Casanello, «y ello es toda una cuestión».
Siete empresas
En particular, Delgado busca en Brasil datos adicionales sobre siete empresas de los Macri que de un modo u otro tendrían conexiones con el holding Socma Americana. También, con Fleg Trading, una de las sociedades offshore que salieron a la luz en marzo pasado con la investigación sobre los Panamá Papers, que lideraron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, proyecto que integró LA NACION.
Esas siete empresas bajo la lupa son Owners do Brasil Participacoes -controlada por la sociedad panameña Fleg Trading-, Itron do Brasil Ltda -luego rebautizada MTC Investment do Brasil-, Partech-Unisa Participacoes Ltda, Partech Ltda, Martex do Sul Ltda, Mega Consultoria Servicos e Participacoes Ltda y Global Collection Services do Brasil -luego llamada Dremmer Servicios de Assesoria Ltda-.
Pero el fiscal Delgado es consciente de las dificultades que afronta. En su dictamen, que envió al juez Casanello ayer, planteó que a menudo los gobiernos declaman que quieren colaborar con la administración de justicia de su propio país y otras naciones, pero que en la práctica ocurre todo lo contrario.
Una de las variantes más habituales de ese doble estándar, recordó Delgado sobre la base de su experiencia como fiscal desde hace dos décadas, ocurre cuando las cancillerías solicitan más precisiones sobre qué buscan los investigadores locales.
«Y aquí yace la paradoja. La precisión que reclaman no se puede suministrar. De hecho, si existiese ese nivel de información la justicia argentina no pediría ayuda», ironizó, con el riesgo de truncar el proceso y dejarlo en un limbo que definió como «un «eterno durante», cuyo rasgo distintivo sería la circulación de documentos a nivel internacional, pero sin información sustantiva para la investigación».
Para «destrabar ese nudo», Delgado le propuso al juez Casanello convocar a declarar al «funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene la responsabilidad de diligenciar los exhortos a efectos de imponerlo de las circunstancias señaladas, fundamentalmente sobre la incidencia que el trámite de los exhortos tiene en el trámite, en los tiempos del proceso y en la ley aplicable».
¿Penal económico?
En simultáneo, sin embargo, el fiscal Delgado también abrió juego a otro fuero del Poder Judicial local.
Pidió que se verifique en el fuero penal económico «si alguna de las sociedades individualizadas en el expediente y/o las personas físicas que las integran registran o registraron algún proceso vinculado a la ley penal tributaria».
¿Por qué? «En primer término porque hay que determinar el origen del dinero con que se constituyó Fleg Trading», explicó el fiscal.
«El segundo, porque si existiese algún proceso de aquellas características sería imperativo compulsarlo por razones procesales básicas.»
Es decir, un eventual planteo de competencia, prescripción o, incluso, de cosa juzgada. Más aún cuando se promovieron varias moratorias durante las últimas décadas.
Delgado, un fiscal político, pero sin partido
Los macristas creen que el fiscal Federico Delgado es «kirchnerista». Del mismo modo que los kirchneristas estaban convencidos de que era opositor. Y, antes, durante el gobierno de la Alianza, cuando investigaba las «coimas en el Senado», los radicales le dedicaron todo tipo de reduccionismos.
En rigor, Delgado corre por otro andarivel. Es, sí, uno de los fiscales de Comodoro Py con más «cabeza política», pero no así partidaria. Es maratonista y abogado, pero también licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y conoce -porque la investigó- esa brumosa zona que conecta la política con el dinero negro.
Profesor universitario con estudios de posgrado sobre filosofía política, sociología y derecho, Delgado participó en algunas de las causas más sensibles de las últimas dos décadas. De «coimas en el Senado» a Time Warp, de la tragedia de Once a la deuda externa. Y de causas sobre delitos de lesa humanidad a los Panamá Papers.
fuente LA NACIÒN