Por siete votos contra tres, un jurado de enjuiciamiento decidió suspender ayer al fiscal de Pilar Washington Palacios, al que se acusa de haber creado una causa para entorpecer la investigación sobre el robo que Sergio Massa sufrió en plena campaña electoral de 2013, con el supuesto objeto de beneficiar al prefecto Alcides Díaz Gorgonio, que fue condenado por ese hecho a 18 años de prisión.
Luego de esa decisión del jury, y cuando todo parecía dicho, la diputada Elisa Carrió se presentó en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento del Senado bonaerense para denunciar a Claudio Scapolán, fiscal de Delitos Complejos de San Isidro y promotor de la investigación contra Palacios.
Al salir del Senado, Carrió acusó a Scapolán de ser parte de una asociación ilícita junto con el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, dedicada a «proteger los delitos de los intendentes de Tigre, Vicente López y San Isidro». Estos dos últimos, miembros de Cambiemos: Jorge Macri y Gustavo Posse.
«No me importa si Malena [Massa] llora, si tenés millones en tu casa no es mi culpa», le dijo ayer Carrió a Clarín. ¿A qué se refería? A la hipótesis que investigaba Washington Palacios: que el 20 de julio de 2013 el prefecto Alcides Díaz Gorgonio había robado del domicilio de Massa más dinero que los 1200 dólares y 40.000 pesos, además de relojes y joyas, declarados por el líder del Frente Renovador y su esposa.
En su investigación, Palacios había señalado serias irregularidades en los allanamientos posteriores al robo de Massa: que se fraguaron varias veces las actas y que en ellos participó el entonces secretario de Seguridad de Tigre, Diego Santillán, quien se habría llevado el dinero «extra», supuestamente no declarado por Massa.
Palacios se basó en una denuncia de César Jaunarena, un joven jornalero que ofició como testigo en los allanamientos de julio de 2013. Pero Jaunarena se desdijo en marzo de 2015, durante el juicio al prefecto: ratificó los allanamientos e indicó que la historia sobre las irregularidades que denunció ante Palacios había sido patrocinada por Tomás Pérez Bodría, ex concejal kirchnerista de Pilar.
En los días posteriores al robo a Massa, la versión de que el botín real era superior al denunciado fue promovida fuertemente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Luego se supo que el prefecto cumplía tareas en un área de inteligencia de esa cartera, que fue disuelta horas después del arresto.
Por eso, para Massa y su mujer, el robo había sido un acto intimidatorio cometido por un espía a las órdenes del kirchnerismo. Y la posterior investigación de Palacios, un intento del kirchnerismo de liberar al prefecto. En escuchas judiciales, el prefecto y su mujer admitían vínculos con agentes de inteligencia y se quejaban de haber sido abandonados a su suerte por el kirchnerismo y el sciolismo.
Carrió sostuvo ayer que Díaz Gorgonio era «íntimo» de Massa y que el fiscal Palacios es «absolutamente» inocente. «Si son kirchneristas, a mí no me importa», agregó, según publicó el portal La Tecla.
Al cruce le salió la diputada Graciela Camaño. «Hay un juicio, una condena y un preso y grupos de inteligencia que todavía no aceptan que haya uno de los suyos preso. Pero lo grave es que haya políticos que se presten a ese juego de bandas irregulares de inteligencia», señaló, para enfatizar: «Carrió me hace acordar a Goebbels. Miente, miente, que algo quedará».
fuente LA NACIÒN