La Justicia golpeó a las puertas de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó . El juez federal Julián Ercolini ordenó allanar cuatro dependencias de la Procuración General de la Nación para obtener registros de la compra de un edificio realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, unos 8 millones de dólares de la época.
Los procedimientos se extendieron a la inmobiliaria que intervino en la operación, Jaureguiberry y Asociados, y a la casa de un intermediario, que cobró una jugosa comisión de casi 3 millones de pesos y que es medio hermano de un funcionario de la Procuración General de la Nación que estaba en el área de contrataciones. La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.
Gil Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno, y que espera su tratamiento en el Congreso.
Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada esta investigación, allanó el edificio de la Procuración de Perón 667 (el mismo cuya compra se investiga) para buscar en las oficinas de la Procelac -que es la procuraduría a cargo de los delitos económicos-, los registros informáticos que hubiera realizado Guillermo Bellingi, el número dos del área de contrataciones, el sospechoso ligado a la operación inmobiliaria.
También fueron allanados la casa del medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, en Los Hornos (La Plata), y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Entre ambos se repartieron los 7,7 millones de pesos de comisiones por la operación.
Thill, un broker de seguros, aparece en medio de la operación como asesorando a la inmobiliaria que intervino en la venta que hizo la firma Arfinsa. Pero el contrato por ese asesoramiento que permitió el pago se firmó antes de que se supiera que existía la licitación. Se cree que Thill tenía información privilegiada.
Por eso su medio hermano Bellingi enfrenta acusaciones de negociaciones incompatibles con su función.
Se desconoce cómo llegó Thill a la operación, aunque en fuentes de la investigación y del Gobierno dijeron que el intermediario tiene relación con Eduardo Thill, que integró el equipo de Aníbal Fernández en el Ministerio de Justicia y en el de Interior en dos ocasiones como subsecretario ligado a desarrollos tecnológicos, con una larga trayectoria en la función pública desde 1989.
La procuradora, cuando asumió el cargo tras el alejamiento de Esteban Righi en el kirchnerismo anuló una licitación previa y llamó a una nueva para comprar un edificio.
El de Perón al 600 aparecía para la Procuración como el mejor, porque era el más barato, el más grande, el que ofrecía características que les convenían y que estaba a buen precio, porque es un edificio histórico protegido que no se puede modificar. Se pagaron 43,8 millones de pesos y el fiscal Taiano pidió ahora que la Unidad de Información Financiera (UIF) haga la trazabilidad de ese dinero y del que se pagó en comisiones.
En la Procuración ayer festejaban esta decisión porque dicen que el estudio librará de toda sospecha a Gils Carbó como interviniente en la operación.
El 1º de marzo de 2013, Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora para la venta. Pero el 4 de marzo, Jaureguiberry contrató a su vez a Thill.
Lo sospechoso del contrato entre los dos intermediarios es que fue firmado aunque la licitación pública aún no había sido formalizada, hecho que recién ocurrió el 6 de marzo mediante la resolución administrativa 317/2013 rubricada por Gils Carbó. Hubo cinco ofertas, pero ganó la de Jaureguiberry y Thill. Arfinsa cobró del Estado y pagó 7,7 millones de pesos de comisión.
Gils Carbó está imputada en el expediente donde se presentó con su abogado, Alejandro Rúa -el mismo que defiende a Cristina Kirchner en el caso por el pacto con Irán-, y explicó su actuación en la licitación. El expediente de la compra ya está en la causa penal.
La procuradora, convencida de que fue víctima de un empleado infiel, inició un sumario administrativo tras la publicidad de la denuncia y dejó el análisis de la situación en manos del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, que deberá producir un informe final en un plazo no mayor a 60 días, se indicó. Además, la procuradora dispuso la suspensión preventiva de Guillermo Bellingi, mediante la resolución 782/17.
Una operación sospechosa con muchos cabos sueltos
Alejandra Gils Carbó
Procuradora General
Quedó en la mira de la Justicia por la compra de un edificio. La sospecha es que la licitación estaba digitada antes de ser pública para beneficiar a una inmobiliaria. Investiga el juez Ercolini
En la mira. La propiedad investigada está en Perón 667. Fue allanada ayer en busca de registros informáticos que hubiera realizado Guillermo Bellingi, el número dos del área de contrataciones
Eduardo Taiano
Fiscal federal
Pidió los allanamientos en dependencias de la Procuración, en la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y en la casa de un intermediario
43,8
Millones de pesos
Es lo que se pagó por la propiedad. Equivalen a unos US$ 8 millones de 2013. El intermediario investigado cobró unos $ 3 millones de comisión y es medio hermano de un funcionario de la Procuración
fuente LA NACION
