Un funcionario del gobierno de Alicia Kirchner quedó detenido minutos después de la medianoche tras agredir, junto a su hermano, a dos jubiladas y sus abogadas, cuando éstas fueron ayer a la tarde hasta las oficinas de su empresa familiar a notificarlo de un fallo judicial.
Se trata del presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, y su hermano Jorge «Pato» Ivovich, quienes agredieron a las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila, que habían ido a notificar al funcionario de un fallo que obliga a la Provincia a efectivizar en tiempo y forma los haberes jubilatorios. Además, las dos jubiladas que acompañaron a las abogadas intercedieron ante la agresión y también recibieron golpes, según denunciaron, por parte de los hermanos Ivovich.
Como consecuencia, la jueza Marcela Quintana ordenó anoche detener al funcionario y a su hermano, que también habría participado de la violenta reacción que ocurrió ayer a la tarde en Río Gallegos. Pero tras la agresión, los hombres se atrincheraron en su empresa de transporte durante más de 8 horas por temor a ser agredidos por un grupo de personas que se congregó en la puerta de la compañía para solidarizarse con las mujeres golpeadas.
Ante la negativa de los hermanos Ivovich de abandonar el lugar con la fuerza policial, la magistrada actuante ordenó anoche un allanamiento. Minutos después de la medianoche, los dos hombres fueron arrestados por la policía provincial de Santa Cruz y trasladados, en medio de gritos e insultos, hasta la Comisaría de Chimen Aike. Pero se estima que tras ser notificados de los cargos en su contra, los hermanos quedarían en libertad en las próximas horas.
La Justicia ordenó el arresto de los hermanos Ivovich luego de la denuncia que presentaron las letradas agredidas, que representan a un grupo de jubilados autoconvocados que reclaman judicialmente por el pago de sus haberes.
Pero el clima se tornó tenso anoche en la puerta de la empresa. Al punto que cerca de las 22, la Policía les solicitó a los manifestantes que bloqueaban el ingreso y egreso al edificio que permitan retirar del lugar al funcionario, ya que éste se negaba a salir debido a que pedía garantías ante la presencia de gran cantidad de gente repudiándolo
Antes de la decisión de la Justicia, el funcionario de Alicia Kirchner había negado todo y anticipó que presentaría una denuncia penal.
Todo transcurrió durante la tarde de ayer con versiones cruzadas, desmentidas y denuncias presentadas. Las asesoras letradas fueron a notificar a Ivovich, presidente de la Caja de Previsión santacruceña, de una serie de medidas judiciales por los amparos presentados ante la falta de cobro en tiempo y forma de los salarios de un grupo de jubilados.
La caja de Previsión Social es el principal problema financiero de Santa Cruz. El déficit anual supera los 2170 millones de pesos. Al igual que con el resto de la administración pública, Alicia Kirchner no logra pagarle en tiempo y forma los salarios a los jubilados. La gobernadora decidió correr la fecha de pago e implementar un sistema escalonado. Por ello hace más de un mes, un grupo de jubilados autoconvocados permanecen en el edificio de la CPS.
En un tono encendido, la discusión derivó «en que agarró (el funcionario) a la doctora Guerra del brazo y la empujó», explicaron a Clarín allegados a la abogada. Dando más detalles, Patricia Vargas una de las jubiladas contó a Tiempo Fm que Ivovich «levantó a la doctora Guerra y la tiró al suelo y la arrastró en el suelo. Después la metieron para adentro y ahí yo intervine. El hermano cerró la puerta diciendo que nos iba a matar ahí adentro. Me tiró al suelo, me pateó, me golpeó y a mi compañera también».
Las abogadas Guerra y Dávila realizaron la correspondiente denuncia en la Comisaría Sexta de la capital santacruceña. Según pudo saber Clarín, el funcionario de Alicia Kirchner presentará una denuncia penal, desmintiendo las acusaciones, además de preparar una descargo político.
Todo ocurre en medio de la tensión política y social que vive Santa Cruz. La gobernadora Kirchner recibió una comitiva del Gobierno nacional para evaluar la situación de las finanzas públicas. La mandataria sostiene que la provincia está «en quiebra» y que no cuenta con fondos para hacer frente al pago de los sueldos.
Esto derivó hace meses en constantes medidas de fuerzas del sector docente, el gremio de los trabajadores judiciales, legislativos, también hubo paros en los hospitales públicos.
fuente CLARIN
