En la antesala del juicio oral que deberá afrontar el ex vicepresidente por su presunto rol en el «caso Ciccone», el fiscal a cargo de la acusación dobló la apuesta. Pidió un análisis de todas las llamadas y mensajes de texto del entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray para determinar cuál fue su verdadero rol en aquella operatoria delictual, antes y después de que estallara el escándalo.
El fiscal Marcelo Colombo solicitó que ese entrecruzamiento telefónico abarque un período de tres años, según reveló ayer el portal Infobae, ya que sospecha que Echegaray pudo haber actuado en complicidad con Boudou para beneficiar el desembarco de la misteriosa sociedad The Old Fund en la ex Ciccone Calcográfica, pero que, con el escándalo, se abrió de la operatoria y borró sus huellas.
Colombo buscará así, en particular, verificar la investigación que LA NACION publicó en junio de 2012, cuando reveló que Echegaray le otorgó un plan especial de pagos a la ex Ciccone, con una quita del 75% y con un plazo de 20 años, pero que luego volvió sobre sus pasos, alteró la «hoja de ruta» del expediente administrativo -del que desaparecieron varias fojas- y modificó su orden con un añadido a mano, de una sola línea.
«Es como si la empresa hubiera pedido un conejo blanco, todos (los funcionarios involucrados de la AFIP) discutieron si podían dárselo, firmaron que sí y luego Echegaray, en una línea, pasó a hablar de un gato negro», graficó por entonces una fuente que participó en aquella operatoria a LA NACION. «Algo pasó después de que firmó», sostuvo. Ese «algo» pudo haber sido la difusión a través de este diario de que la AFIP se disponía a otorgarle una quita superlativa a la ex Ciccone.
«Nosotros no le dimos esa quita», replicó Echegaray en una conferencia de prensa que ofreció en marzo de 2012, semanas después de que se desatara la tormenta por la que cinco años y medio después se sentarán en el banquillo de los acusados Boudou, su socio José María Núñez Carmona, su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele y Nicolás Ciccone, entre otros. Pero el titular de la AFIP calló todo lo que antes sí había hecho y corrigió a mano.
Ahora, el fiscal Colombo quiere avanzar por esa senda. En particular, porque entre los que también afrontarán el juicio oral figura el entonces jefe de asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, por dictaminar que podían otorgarle a la ex Ciccone ese plan especial de pagos, pese a que lo prohibía la ley.
Colombo busca precisar cómo fue la interacción entre Echegaray y su asesor, antes y después de aquel dictamen que motivó el escándalo, Tras la revelación de LA NACION, Resnick Brenner perdió su puesto, pero Echegaray lo envió como jefe a Salta, con un salario elevado, auto con chofer y varias prerrogativas.
«Los posibles registros de contactos telefónicos de Echegaray, o la ausencia de ellos con este imputado (por Resnick Brenner) o con otros, o incluso con otros funcionarios de la AFIP -dictaminó Colombo- son relevantes para conocer si el accionar de Resnick Brenner puede ser juzgado como un comportamiento autónomo e independiente dentro de la línea de decisión jerárquica del organismo.»
Con su requerimiento, el fiscal avanzó por la senda que tanto la Cámara Federal como los fiscales de primera instancia, Carlos Rívolo y Jorge Di Lello, señalaron desde hace años, pero que el juez federal a cargo del caso, Ariel Lijo, dejó para una segunda etapa, al igual que la pesquisa la «ruta del dinero», en la que aparecen sospechados los banqueros Jorge Brito padre e hijo.
Así, Lijo llamó a indagatoria a Echegaray a fines del año pasado, tras considerar que pudo «haber abusado de las facultades que tenía asignadas en su carácter de titular de la AFIP», aunque el ex funcionario se apresta ahora a enfrentar otro desafío que puede resultarle por demás complicado: Boudou lo incluyó entre los 63 testigos que convocó para su defensa durante el juicio oral.
fuente LA NACION
