Después de una semana marcada por una escalada de tensión en el vínculo, el Gobierno y el triunvirato piquetero recompusieron la relación y hubo fumata blanca por la emergencia social.
Con la promesa de que la Casa Rosada implementará «plenamente» la ley que destina $ 30.000 millones para la economía popular, las organizaciones sociales archivaron ayer el plan de lucha que contemplaba cortes de calles y protestas frente a supermercados.
Fue sencillo alcanzar un acuerdo. Los jefes de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC y los representantes del Gabinete Social, que integran el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca -ayer estuvo ausente-, necesitaron poco más de una hora.
«Todos hicimos autocrítica después del sinsabor de la semana pasada. Hubo discusión y debate, como en las reuniones previas a la emergencia social», aseguraron a LA NACION cerca de Stanley.
El camino había comenzado a allanarse el fin de semana pasado, después de que los piqueteros habían desafiado con agudizar la conflictividad. A partir de ese momento, los funcionarios apostaron por conversaciones informales para desactivar la protesta.
El equipo de funcionarios, que también integró el secretario de Gestión y Articulación, Carlos Pedrini, se comprometió a abrir el grifo de los fondos que financian la emergencia social. La expectativa es que antes de fin de año estén ejecutados cerca de $ 10.000 millones, correspondientes a un tercio de la ley.
Stanley dijo que la reunión fue «positiva» porque «se pudo encauzar el diálogo con un compromiso de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley». Y, después de haber apuntado duramente a las organizaciones, al haber señalado que algunas «hacían marketing de la pobreza», les envió un guiño: «Hay que reconocerles voluntad de diálogo y de poder trabajar por quienes más lo necesitan».
Hubo otros tres puntos de acuerdo que los movimientos sociales se anotaron como un «triunfo». El Gobierno erogará a fin de año un bono para beneficiarios de programas sociales, que será el 50% del salario social complementario, cerca de $ 2200.
Además, se conformará una «mesa técnica» para discutir un proyecto de emergencia alimentaria para reforzar la asistencia en comedores. Y Quintana transmitió a las organizaciones que se estudiará una prórroga de la ley de relevamiento indígena, una norma que protege a comunidades originarias de eventuales desalojos.
Una ausencia y una presencia marcaron el pulso de la reunión. No estuvo Triaca. En el Gobierno adujeron «cuestiones de agenda», pero los líderes piqueteros interpretaron el faltazo como un gesto para facilitar el apretón de manos. Las organizaciones lo ubican como un exponente del «ala dura».
Por la Iglesia estuvo el obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti. Abocado desde hace años a la problemática social, había participado de otras reuniones para «atemperar los ánimos». Es, además, un hombre cercano al papa Francisco.
«Creían que con el resultado electoral podían avanzar con un recorte presupuestario, pero entendieron que la coyuntura no lo permite», aseguró a LA NACION Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie.
Los líderes piqueteros
Juan Grabois – CTEP
Lidera la organización más numerosa. Es cercano a Francisco, quien lo designó como consejero en el Vaticano.
Daniel Menéndez – Barrios de pie
Es el jefe del brazo territorial de Libres del Sur, con fuerte presencia en el conurbano
Juan Carlos Alderete – CCC
Desde los 90 preside la organización, ligada al PCR
fuente LA NACION
