El gobierno de Mauricio Macri no hace inteligencia con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la región patagónica donde opera la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), porque el agente de la AFI en Esquel fue procesado y porque la inteligencia sobre delitos federales complejos fue delegada al Ministerio de Seguridad.
Así lo informaron a la nacion funcionarios vinculados con el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Por ello la AFI no intervino en el conflicto mapuche, pese a que en Chubut, Río Negro y Neuquén hubo más de 70 denuncias por atentados graves de organizaciones mapuches. Y Esquel es un epicentro de ese conflicto.
Según esas fuentes, la AFI delegó la inteligencia criminal sobre delitos federales complejos a la cartera de Seguridad, más precisamente a la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinicri) desde mediados de 2015. Todavía era presidenta Cristina Kirchner y en la AFI estaba a cargo Oscar Parrilli. Pero el gobierno de Macri no revocó esa delegación de funciones.
El Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, respondió a la nacion escuetamente: «Nosotros hacemos inteligencia criminal». El Gobierno acusa a Cristina Kirchner, a Parrilli y a La Cámpora de tener lazos con la RAM y otras organizaciones mapuches, anarquistas y revolucionarias. Y a ello atribuyen que Parrilli desactivó al delegado de la AFI en Esquel apenas fue procesado por espionaje ilegal por el juez federal Guido Otranto. El procesamiento fue confirmado anteayer por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Así las cosas, la AFI puede intervenir sólo para investigar delitos si un juez o un fiscal lo requieren (artículo 4 inciso 1 de la ley 25.520). Y si en cumplimiento de esas funciones los agentes de la AFI acceden a información sobre otros posibles delitos u otras pistas pueden y deben dar intervención a los jueces o a las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el artículo 8 inciso 2 de la ley de inteligencia, la 25.520, ordena que la AFI tiene como función esencial e indelegable producir inteligencia criminal con medios propios sobre delitos federales complejos como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentados contra el orden económico y financiero, contra los poderes públicos y el orden constitucional.
El terrorismo y el atentado contra los poderes públicos o el orden constitucional podrían encuadrar en las actividades mapuches o anarquistas como la RAM.
«La AFI debería hacer inteligencia en forma continua e indelegable. No sólo cuando lo pide un juez. Y dar intervención judicial en casos que comprometen a la integridad de la Nación», dijo a este diario un ex jefe de la AFI que pidió reserva de su nombre y que discrepó con transferirla a Seguridad.
De hecho, la ex SIDE siempre investigó esos delitos federales. «No tenemos impedimento de hacer inteligencia si nos fuera requerida por la Justicia. Que la Justicia haya procesado a un agente de Esquel no impide continuar cumpliendo con la inteligencia en caso de tener requerimiento judicial», señalan en el Gobierno.
fuente LA NACION
