En el último año hubo un fuerte incremento en el porcentaje de funcionarios nacionales que presentaron sus declaraciones juradas, pero todavía hay varios miles que no cumplen con la obligación legal.
El 81% (41.950) de los 51.690 funcionarios de la administración nacional -con cargo de director o superior- hizo llegar a la Oficina Anticorrupción (OA) la documentación completa, un 27% más que el año anterior para esta fecha. Por su parte, el 8% (4340) lo hizo de manera parcial, un 26% menos que en 2016. Sin embargo, esta vez el 9% (4598) no presentó nada, aunque el número cayó un 4%.
Los datos corresponden a las declaraciones patrimoniales del período 2016 y esos porcentajes son una fotografía del nivel cumplimiento en la fecha límite de presentación de los datos, hace tres meses. El organismo que conduce Laura Alonso hace público el registro de cumplidores e incumplidores 90 días después de ese día -que fue el 31 de julio- y vuelve a publicar un nuevo registro actualizado 60 días antes del próximo vencimiento en el que se incorporan aquellos casos que entregaron fuera del plazo.
El restante 2% (802) todavía estaba en término para cumplir con el requisito en la fecha límite por haberse incorporado al cargo recientemente.
«Nadie quiere aparecer en ese registro», dicen en la OA, donde atribuyen el mayor cumplimiento de la ley con la iniciativa de publicar los nombres de todos en el sitio web del organismo.
A esta altura, el año pasado, apenas poco más de la mitad (53%) de los funcionarios que debían presentar su información correspondiente al período fiscal 2015 había cumplido.
Más allá de la relevancia política de los organismos, casi la totalidad de las dependencias del Estado demostraron tener falencias. En algunos casos, como puede ocurrir en las universidades, una sola persona debe entregar su declaración jurada, por lo que, si lo hace, es fácil llegar al 100% de cumplimiento, pero mientras más grande el organismo más difícil es encontrar un resultado óptimo.
Según un análisis de LA NACION DATA, con respecto a los ministerios que figuran en el listado del organismo – donde hay 5.000 funcionarios obligados-, los más incumplidores son el entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minería. Todos tienen un porcentaje de incumplimiento inferior al 50%. En contraste, más del 90% de los empleados obligados del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Turismo cumplieron con la obligación.
Entre el período anterior y el de este año hubo un aumento de 4362 «sujetos obligados», en parte por ampliación de la nómina de empleados públicos, pero también por la incorporación de nuevos funcionarios que tendrían que haber estado en la lista de obligados, pero que no figuraban.
En los últimos meses la OA impulsó una política de revisión de los obligados en los organismos estatales (219 en la administración nacional). En algunos casos se removió de la lista a funcionarios que no debían presentar sus declaraciones, pero en otros hubo incorporaciones sustanciales. Así ocurrió en el Senasa, donde se sumaron 607 obligados; en el Estado Mayor de la Armada Argentina, que incorporó a 307; en la Gendarmería, que sumó 327; en la Policía Federal, donde se sumaron 284, o en el Ministerio de Modernización, que sumó 274 a los funcionarios que ya estaban contemplados. Además, hubo incrementos en la Anses y el Ministerio de Producción, entre otras dependencias.
En esa tarea, la OA se encontró también con organismos que directamente no tenían sujetos obligados, como la Lotería Nacional o la Superintendencia de Seguros.
Mientras presiona a los funcionarios para que presenten sus declaraciones, paralelamente el organismo trabaja con legisladores para la redacción de un proyecto de reforma de la ley de Ética Pública, sancionada en 1999.
Se buscará ampliar la cantidad de datos que deben presentar los funcionarios obligatoriamente, con el objetivo de reforzar los mecanismos para identificar posibles conflictos de intereses, además de indicios de enriquecimiento ilícito. Entrarían en esos requisitos, por ejemplo, información más amplia sobre las sociedades a las que pertenece el funcionario, sobre sus socios, sobre aquellas personas con las que comparte inmuebles o datos sobre su pasado académico. «Se trata de conocer más las redes de los funcionarios», explicó a LA NACION Mora Kantor, subsecretaria de Integridad y Transparencia.
Además, el proyecto -que se presentará el año que viene- planteará que vuelvan a ser públicos datos de antecedentes laborales o de patrimonio de los cónyuges. El gobierno de Cristina Kirchner había restringido esa información al acceso público en 2013.
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