Hubo corridas, agresiones a la prensa y, al caer la tarde, efectivos policiales rodearon el edificio partidario para impedir el ingreso de más militantes, mientras el diputado nacional Gioja y miembros de la Juventud Peronista se «atrincheraban» dentro de la sede. Sucede que, durante el breve encuentro con Barrionuevo, Gioja rechazó las pretensiones del sindicalista y se negó a ceder la posesión de la sede de Matheu. Tampoco quiso firmar los documentos que portaba un abogado del líder del sindicato de gastronómicos. El sanjuanino permaneció en el edificio.
Despechado, Barrionuevo se asomó a las escalinatas del ingreso para hacer lo suyo. «Acabo de asumir. El compañero Gioja se ha encerrado en una oficina. No queremos violentar nada, así que vamos a pedir el desalojo. Ellos están encaprichados y quieren apelar: que apelen mañana, pasado, cuando ellos quieran. Pero, en estos momentos, el interventor soy yo», anunció.
Luego emprendió una retirada tumultuosa, en la que sus custodios y militantes de su sindicato agredieron a periodistas que intentaban obtener una frase más del flamante interventor. Barrionuevo se dirigió a la comisaría 6a de la Policía de la Ciudad, para denunciar la ocupación y pedir el desalojo. Sin su rival en el horizonte, Gioja buscó su desquite. Improvisó una conferencia de prensa en la que acusó al Presidente, Mauricio Macri, de estar detrás del fallo de Servini de Cubría. «Hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el Partido Justicialista, que es el principal partido de la oposición», señaló en diálogo con LA NACION. Sostuvo que la resolución judicial tiene un espíritu «proscriptivo» y hasta la vinculó con la condena del expresidente brasileño Lula da Silva.
Tras reconocer que se había enterado de la resolución por la radio, Gioja anunció que convocó al Consejo Nacional del PJ para esta tarde y que recibió el apoyo de los gobernadores Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Uñac (San Juan), entre otros, además de referentes sindicales como Antonio Caló (UOM) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Para entonces, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo, presidente del PJ bonaerense) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y otras autoridades del PJ se sumaban a la resistencia.
El diputado sanjuanino le dedicó un par de párrafos personales al gastronómico. «Vino el compañero José Luis Barrionuevo, pero la resolución judicial habla de un Luis Barrionuevo y no aclara su DNI. Aparte, si es el Barrionuevo que vino, él es afiliado a un partido provincial de Catamarca, ese que quemó las urnas», señaló, para recordar el incendiario final de las elecciones catamarqueñas de 2003. Un antecedente que no parece haber afectado la resolución de Servini.
El episodio se transformó en cántico para los 30 militantes de la Juventud Peronista -luego llegarían al centenar- que custodiaban desde dentro el edifico. «Qué papelón, qué papelón, un quema urnas, de interventor», cantaba la tropa.
Servini dispuso que Barrionuevo deberá «producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria» e inventariar los bienes del PJ. La jueza dio lugar a una medida cautelar presentada por Carlos Acuña, jefe del gremio de trabajadores de estaciones de servicio y legislador bonaerense del Frente Renovador, de Sergio Massa, y de Oscar Rojas, líder del sindicato de obreros de maestranza. Ambos están enrolados en la CGT Azul y Blanca, que conduce Barrionuevo, que habían solicitado que se declarara «el estado de acefalía» del PJ nacional.
Acuña ingresó ayer junto a Barrionuevo a la sede partidaria. Sus «compañeros» le recordaron que él integra el Consejo Nacional del PJ, que ahora fue intervenido. No solo el PJ cuestionó el fallo. También lo hizo el fiscal electoral Jorge Di Lello. «Creer que intervenir el PJ soluciona los problemas del peronismo es cómo creer que decretar la nulidad de la muerte de una persona la resucita», dijo Di Lello a LA NACION.
La tensión fue una constante durante toda la jornada en Matheu. «Vamos a defender esto cueste lo que cueste», prometía Nicolás Rodríguez Saá, primo del senador y el gobernador puntanos. La abrumadora mayoría de militantes que llegaron junto a Barrionuevo disuadió esas valentías.
Por la noche, los abogados de Barrionuevo pidieron el desalojo ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. No hizo falta. Gioja abandonó la sede partidaria antes de las 22.
