La Oficina Anticorrupción (OA) pedirá este miércoles que el juez federal Sebastián Casanello indague a Jorge «Corcho» Rodríguez, inhiba todos sus bienes y le prohíba salir del país. Es que el organismo que dirige Laura Alonso detectó vínculos del empresario con cambistas de Odebrecht y transferencias a sus contadores en Uruguay por más de US$ 11 millones.
En realidad, la Justicia uruguaya determinó que fueron 10.210.374 de dólares y 684.283 euros, que pagaron cambistas de Odebrecht al «intermediario» Rodríguez, entre octubre de 2011 y septiembre de 2014.
Ese dinero era para que el ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas beneficiaran a la constructora brasileña en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, «mediante un acuerdo espurio que incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos», según la denuncia que presenta la OA ante la Justicia.
Allí sostiene que el «Corcho» Rodríguez utilizó para pagar los sobornos a la empresa off shore Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, de cuya cuenta en el Banco Itaú «fluyeron los montos descriptos».
Para realizar esas operaciones, el empresario contó con la colaboración de tres contadores uruguayos, quienes «tuvieron vinculación directa con la sociedad uruguaya, su mantenimiento, administración y derivación de fondos», aseguró la OA.
Y agregó que esas personas «son quienes figuran en los registros de ese país como autoridades de Sabrimol y que ejecutaban las directivas de Rodríguez, que daba en forma directa o a través de su contador, Roberto Gandini».
A los tres socios uruguayos de Sabrimol se le agregaba Marcos Samuel Sankowicz, quien figura como receptor de las transferencias de esa empresa off shore.
Los cuatro realizaban viajes entre Uruguay y la Argentina, en aviones del «Corcho» Rodríguez, «que permiten sospechar que parte del dinero pudo haber ingresado en efectivo por esa vía».
La OA señala que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de la obra Paraná de las Palmas estaba conformada por Odebrecht, Benito Roggio, Supercemento y José Cartellone Construcciones Civiles.
«Sería ingenuo creer que sólo Odebrecht cargaría con el pago ilegal de sumas millonarias que, en definitiva, beneficiarían a todos los que componen la UTE».
Por eso, la OA también pidió la indagatoria de Benito Aldo Roggio y Tito Biagini (titular de José Cartellone), ya que falleció Julián Astolfoni, presidente de Supercemento.
La OA planteó que los US$ 11 millones girados por Sabrimol eran para la obra Paraná de las Palmas, el Soterramiento del Sarmiento y la ampliación de los gasoductos que realizó Odebrecht, «ya que todos ellos -especialmente en lo atinente a los destinatarios de los sobornos- son atravesados por las mismas personas».
El organismo que dirige Alonso plantea que en las tres obras aparece el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, «como autoridad máxima del sector gubernamental y luego una serie de funcionarios dependientes y conocedores de las maniobras ilícitas».
Por eso le pide a Casanello que, además de convocar a De Vido, también cite a declaración indagatoria a José López, Roberto Baratta, Fabián López, Edgardo Bortolozzi, Carlos Ben y Oscar Biancuzzo.
«Existen elementos objetivos que vinculan a José López con Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien sería el intermediario para el pago de los sobornos entre la empresa brasileña y los entonces funcionarios», sostiene la denuncia la Oficina Anticorrupción. Y añade que «en similar situación se encuentra Julio De Vido». Para la Oficina Anticorrupción, «De Vido participó al igual que José López en el pacto espurio con Odebrecht».
La Oficina Anticorrupción no pide la indagatoria de ningún directivo de Odebrecht, ya que todavía espera que la Justicia acepte un mecanismo de colaboración con Brasil, a través de la delación premiada que permitió acceder en varios países de la región a la información exacta sobre las coimas millonarias que pagó la empresa entre 2007 y 2014.
Ese mecanismo permitiría terminar con la impunidad de los funcionarios argentinos, que recibieron más de US$ 35 millones, tal como ocurrió en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador.
fuente CLARIN
