El periodista Jorge Lanata regresó a la pantalla de El Trece con una nueva temporada de su clásico Periodismo Para Todos (PPT) y en la primera emisión, ya desde el tradicional monólogo de inicio mismo, se despachó con un crítico informe sobre un funcionario del actual gobierno del presidente Mauricio Macri y uno de los talones de Aquiles de la actual administración: las actividades que varios funcionarios tenían en la actividad privada antes de desembarcar en la función pública. «Quintana City», fue la frase que usó el periodista durante el informe y no dudó en afirmar: «Le mintió a la gente».
En este caso se trata del vicejefe de Gabinete Mario Quintana y la empresa Farmacity. Lanata dijo que Quintana, a pesar de tener menos del 3% de las acciones de esa empresa, como él mismo había dicho públicamente que haría el mes pasado, en los hechos controla más del 50% de las decisiones en el directorio de esa compañía y no blanqueó ello en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Tras la denuncia televisiva, desde el entorno del funcionario insistieron en que «no intervino, ni influenció directa o indirectamente» en la compañía y explicaron que «el 25 de noviembre de 2015 renunció a la presidencia del directorio, cedió sus derechos de voto a sus socios y se abrió completamente del funcionamiento de la compañía».
Sin embargo, Lanata recordó que dos días después que Quintana dijera en el programa televisivo de su colega Carlos Pagni, en el canal La Nación+, que vendería sus acciones en Farmacity, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debía intervenir en la causa iniciada por esa empresa en la provincia de Buenos Aires para poder operar con sus farmacias en ese distrito. «Farmacity, llamémoslo de ahora en más Quintanacity, tiene más de 250 locales en Capital Federal y no pudo ingresar en la provincia por regulaciones», afirmó Lanata.
Farmacity está vedada de actuar en la provincia de Buenos Aires, al igual que en otros distritos, por una ley que impide a las sociedades anónimas administrar farmacias. Por ello, la firma que presidía Quintana antes de acceder a sus funciones en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pidió a la Justicia que declarara la inconstitucionalidad de esa norma.
Pero Farmacity fracasó tanto en primera como en segunda instancia y hasta en la Corte Suprema bonaerense. Por eso el caso se encuentra apelado ahora ante la Corte nacional, donde sus dos nuevos ministros, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se excusaron de intervenir porque el primero de ellos fue abogado de la firma y el segundo tuvo como colaboradora cuando era ministro de Justicia y antes procurador del Tesoro a la actual directora de Jurídicos de Farmacity, Andrea Gualde.
De acuerdo con el informe de PPT, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia existían desde 2011 denuncias cruzadas de la empresa relacionada con Quintana contra los farmacéuticos bonaerenses y de ellos contra Farmacity. Pero a partir de 2016, la investigación contra Farmacity fue cerrada y en cambio la que promueve la empresa contra los farmacéuticos «avanzó hasta tener un dictamen en contra» de las entidades, dijo Lanata.
El periodista aseguró que el Ministerio de Salud «cajoneó» denuncias contra la firma pero no así contra otras farmacias y que incluso eso llevó al primer procesamiento penal de un funcionario del gobierno de Macri, aseguró Lanata. Se trata de Raúl Ramos, ex secretario de Política y Regulación de esa cartera.
En su programa, Lanata reveló que Quintana, a través de la firma Partners I S.A. tiene el 2,09% de las acciones de Farmacity pero 1.204.200 votos, lo que equivale al 53% de control en la toma de decisiones de la empresa. Quintana quedó debilitado la semana pasada por la decisión de Macri de designar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como coordinados de todas las carteras que tienen injerencia en las decisiones económicas.
Desde el entorno de Mario Quintana, tras las revelaciones del programa de Lanata, explicaron que desde el momento de la venta de sus acciones «no asistió personalmente a ninguna asamblea, no participó de ninguna reunión de directorio, de ninguna reunión con el Equipo de gestión ni fue consultado para tomar ninguna decisión» y que «tiene un apoderado que se ocupa de las cuestiones administrativas».
Por otro lado, precisaron que Quintana «no intervino ni influenció ni directa ni indirectamente en ninguna decisión de ningún órgano de gobierno que afectara en forma alguna los intereses de la compañía ni en ningún tema del sector salud». Asimismo, «cumplió en tiempo y forma con las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, donde también hizo consulta sobre el eventual conflicto de interés y cumplió con todas sus recomendaciones».
fuente CLARIN
