El debate sobre la legalización del aborto adoptará en los próximos días un tono económico. Cuánto costaría la aplicación de la ley y quién se haría cargo de esos costos eventuales serán algunos de los ejes de discusión de un tema sobre el que algunos senadores se muestran preocupados. Serán también parte de la exposición del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein , que acudirá mañana al plenario de comisiones de la Cámara alta.
Mientras las organizaciones que se oponen a la reforma advierten que los abortos legales causarían como mínimo un costo de $4000 millones al sistema de salud en 2019, especialistas que apoyan el proyecto sostienen que la legalización generaría un ahorro anual de entre $3600 millones y $7300 millones.
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El análisis de los que se oponen a la reforma no toma en cuenta los recursos que se destinan en la actualidad a atender derivaciones de abortos clandestinos. «No lo tuvimos en consideración porque la ilegalidad lo torna muy difícil de calcular», dijo a LA NACION el economista Diego Penizzotto, integrante de Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida. «Estoy convencido de que son inferiores a los que generaría la legalización», agregó.
La discusión podría quedar saldada mañana. Con información oficial, Rubinstein reafirmará que, como ya sostuvo en declaraciones periodísticas, la legalización del aborto no generaría ningún costo adicional para el sistema de salud, según anticiparon a LA NACION voceros del ministerio, a partir de comparar los costos eventuales de la legalización con los gastos que generan en la actualidad las complicaciones por abortos clandestinos.
Esa lógica tiene el estudio de la Asociación de Economía de la Salud (AES). De acuerdo con ese informe -elaborado por las economistas especializadas en temas de salud Sonia Tarragona y Malena Monteverde-, hoy el costo de los abortos clandestinos se calcula entre $6257 millones y $10.428 millones.
Para determinar esas cifras se tomaron en cuenta solo los costos de atención en el sistema de salud público y privado para el tratamiento de las consecuencias de abortos inseguros. Se dejaron de lado los gastos de bolsillo en los que incurren quienes se practican un aborto clandestino y los «costos vinculados con las consecuencias psicológicas, económicas y laborales de los daños permanentes generados por la morbimortalidad asociada».
La diferencia entre los costos mínimo y máximo surge de la base sobre la que se hizo el cálculo. Si fuesen 300.000 abortos al año, el costo sería de $6257 millones. Si ascendieran a 500.000, se elevaría a $10.428 millones.
Ese número se establece, según detalla el informe de AES, al ponderar los distintos tipos de tratamientos que puede requerir la persona que llega a un centro médico después de haberse practicado un aborto. El cuadro más habitual es el de un aborto incompleto, pero hay otros más graves, como infecciones, hemorragias severas y perforaciones.
El estudio de AES detalla que para la estimación del costo que tendría la legalización se tomaron en cuenta los costos de los abortos y los que pudieran surgir de los procedimientos adicionales a aplicar por las fallas estimadas de cada método. De acuerdo con el cálculo más abultado, la cifra ascendería a $4332 millones por año. Para llegar a ese número, se estimó que el 50% de los abortos se harán con medicamentos, un 25% con aspiración manual endouterina y otro tanto por dilatación y curetaje. En promedio, cada aborto costaría $8665.
Mayores costos
Aunque con insumos diferentes, el estudio elaborado por Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida arroja cifras similares sobre el costo de la implementación de la reforma.
La conclusión de ese informe, elaborado por los economistas Penizzotto, Paula Almada y Marta Guillen y el contador Federico Bar, es que el costo en 2019 sería de $4000 millones, a razón de $8000 por cada aborto. Para llegar a ese número se tomó como referencia la estimación de 500.000 abortos por año, cifra que los detractores de la reforma objetan.
El estudio indica, sin embargo, que el costo podría ser mucho mayor, dado que para determinarlo se calculó que todos los abortos sean hechos con medicamentos y no con intervención quirúrgica. Advierte, además, que la cifra crecería hasta $9200 millones en 2021 por el aumento de intervenciones que se registró en los años inmediatamente posteriores a la legalización en países como Uruguay.
Un análisis de la OMS citado por Rubinstein durante su exposición en Diputados indica que en los países que legalizaron la práctica disminuyó la cantidad de abortos realizados.
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