Frente a un desenlace incierto, todo indica que a la histórica sesión del próximo 8 de agosto, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, llegarán tres dictámenes distintos. Una semana antes de que los senadores deban expedirse en las comisiones, el próximo miércoles 1º de agosto, las cuentas están parejas. Sin embargo, el rechazo al aborto legal tiene mayoría en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales.
En cambio, el apoyo a la legalización tal cual la aprobó la Cámara de Diputados se impone en la Comisión de Salud, que es cabecera del debate en la Cámara alta.
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La tercera opción sería el dictamen de los senadores de Córdoba. Impulsada por el oficialista Ernesto Martínez (Cambiemos-Córdoba), la propuesta legaliza el aborto, pero avanza con modificaciones que no fueron incorporadas en la Cámara baja, como el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional y la eliminación de la penalización a los médicos que se nieguen a realizar la práctica.
El panorama es volátil. La relación de fuerzas podría modificarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde un senador que aún no define posición, otro que pide cambios pero podría virar de opinión, más la ausencia de un tercero podrían trastocar las tornas en favor del aborto legal.
Si se toma en cuenta que en el Senado el dictamen de mayoría tiene que sumar el mayor número de firmas en cada una de las comisiones, y no por simple suma de rúbricas del total del de senadores que participan del plenario, el miércoles próximo podría generarse una fuerte disputa reglamentaria sobre cuál será el despacho que tenga primacía sobre el resto.
El debate no es menor. Aquel dictamen que sea considerado de mayoría o de primera minoría, si es que ninguno obtiene la mitad más una de las firmas en cada comisión, será el primero en ser sometido a votación en el recinto el próximo 8 de agosto.
En la suma total, y teniendo en cuenta que 10 legisladores se repiten en dos comisiones y algunos (3) en las tres comisiones participantes, el rechazo reuniría una firma más (16) que el apoyo a la legalización del aborto (15), en tanto que tres apoyarían un dictamen con modificaciones y otros dos estarían ausentes.
Si los números se mantienen sin modificaciones, el primer dictamen que sería discutido en el recinto sería una propuesta para rechazar de plano la despenalización del aborto, tal como llegó de la Cámara de Diputados .
No obstante, hay dos senadores que podrían modificar esa relación de fuerzas. Se trata del jefe del bloque radical Angel Rozas (Chaco), quien aún no definió posición, y Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba), quien sufre fuertes presiones políticas en su provincia para que rechace el proyecto.
Machado duda ante la posibilidad de que su apoyo a un dictamen con modificaciones, que anticipo hace dos semanas, termine complicando las chances de la legalización del aborto en el Senado y favoreciendo el rechazo.
Son precisamente estos dos casos los que ponen en duda la relación de fuerzas en la comisión de Asuntos Constitucionales. Con 19 miembros, por el momento el rechazo reúne 8 firmas, una más que el apoyo al proyecto.
En esta comisión, que preside Dalmacio Mersa (PJ-Catamarca), contrario al aborto legal, el dictamen que propone legalización con cambios tendría dos firmas (Rodríguez Machado y Martínez) y se registraría la ausencia del salteño Juan Carlos Romero.
Este último, al igual que Angel Rozas, no hizo pública su posición, pero estará presente en el recinto para votar en la sesión del 8 de agosto.
En contra
El rechazo tiene asegurada la primacía de firmas en la Comisión de Justicia, que preside el peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien ya se manifestó a favor del aborto legal. Sobre 16 integrantes, nueve senadores ya se pronunciaron en contra y siete respaldan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
El restante miembro es el cordobés Ernesto Martínez que, como ya se dijo, impulsa legalización con cambios.
Por último, el apoyo a la iniciativa votada por la Cámara de Diputados tiene mayoría en la Comisión de Salud. Presidida por el radical Mario Fiad (Jujuy), que se opone al aborto legal, quienes quieren convertir en ley la iniciativa tienen ocho firmas, una más que el sector antiabortista.
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En esta comisión también figura el senador Martínez y su propuesta de modificaciones a la propuesta de los diputados.
El restante integrante de Salud es María Eugenia Catalfamo (PJ-San Luis), quien anunció su rechazo a la legalización pero cursa el octavo mes de embarazo y también sufre presiones políticas sobre su voto. Se estima que la senadora optaría por ausentarse tanto a la hora de firmar el dictamen como en la jornada de la sesión.
Por último, entre los antiabortistas empieza a tomar fuerza la idea de ofrecer una alternativa.
«No podemos rechazar el proyecto y salir a festejar como si hubiéramos ganado un partido de fútbol», comentó a LA NACION un senador de ese sector.
La idea, en ese sentido, sería pedir el tratamiento en la misma sesión de un proyecto que despenalizaría el aborto sin legalizarlo, una alternativa que ya había adelantado el senador Federico Pinedo.
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